El Senado de la República se prepara para una de las discusiones más trascendentales de la semana: la votación de la iniciativa presidencial que reforma el artículo 127 constitucional para eliminar las llamadas “pensiones doradas” en las entidades públicas.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo Juárez, confirmó que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos sesionarán este martes para aprobar el dictamen, perfilando su discusión y votación en el Pleno para el miércoles.
El objetivo central de la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum es establecer un tope estricto: ningún exfuncionario de confianza de organismos descentralizados, empresas paraestatales o fideicomisos públicos podrá recibir una pensión superior al 50% de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo, lo que actualmente se traduce en un límite de aproximadamente 70 mil pesos mensuales.
El ahorro y las «letras chiquitas» sindicales
El gobierno federal estima que este ajuste a las jubilaciones de exdirectivos en dependencias como Pemex, CFE, Nafinsa, Banobras, Bancomext y la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) generará un ahorro anual de 5 mil millones de pesos.
Tan solo en LyFC, existen más de 700 ex altos mandos que perciben mensualidades que van desde los 350 mil hasta el millón de pesos. Sin embargo, la reforma tiene una excepción clave: no aplicará para las jubilaciones constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementario ni derivadas de contratos colectivos.
Esto significa que cerca de 60 extrabajadores sindicalizados de LyFC que también gozan de pensiones millonarias —algunas superiores a los 400 mil pesos mensuales— mantendrán sus ingresos intactos, al quedar protegidos bajo el esquema de contratación colectiva.
La #Presidenta @Claudiashein se refirió a la reforma para reducir las pensiones doradas y aseguró que “nadie les va a pedir el recurso que ya recibieron”. Explicó que, una vez aprobada, la iniciativa disminuirá el monto de las pensiones hacia adelante, sin efectos retroactivos. pic.twitter.com/RWYDNjKyaR
— El Heraldo de México (@heraldodemexico) March 4, 2026
Oposición a favor del recorte, pero en contra del método
En un consenso poco habitual, los coordinadores parlamentarios del bloque opositor adelantaron que votarán a favor de terminar con estos privilegios, calificándolos de «indefendibles». No obstante, señalaron graves deficiencias en el diseño técnico de la iniciativa.
Ricardo Anaya, coordinador del PAN, criticó duramente que el límite esté anclado al sueldo presidencial. “La iniciativa está muy mal planteada. Si el día de mañana deciden subirse el sueldo, entonces aumentan las pensiones; si deciden bajárselo, disminuyen. Lo que se tiene que hacer técnicamente es toparlas en Unidades de Medida y Actualización (UMA)”, explicó Anaya, sugiriendo un límite de 20 UMAs, alineándose con los esquemas actuales del ISSSTE y el IMSS.
Por su parte, Manuel Añorve, líder de la bancada del PRI, reiteró que su partido respaldará la reducción sin importar en qué sexenio se hayan originado dichas pensiones, aunque advirtió que revisarán minuciosamente el principio de retroactividad para evitar que la reforma sea tumbada en tribunales por vulnerar derechos constitucionales adquiridos.
Finalmente, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, respaldó la política de austeridad, pero lanzó una advertencia económica: “El problema no está sólo en las pensiones estratosféricas, sino en el conjunto del sistema de pensiones”. Castañeda subrayó que esta medida, aunque popular, no resuelve el problema estructural, la fragmentación ni la crisis de sostenibilidad financiera que enfrenta el país para garantizar el retiro de millones de mexicanos.