La gestión de Guadalupe Taddei Zavala al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta un nuevo revés en materia de transparencia. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su tercera entrega de la Cuenta Pública 2024, detectó un posible daño al erario por 66 millones 563 mil pesos, derivado de anomalías en la adquisición de bienes y servicios durante el año electoral más grande de la historia y los preparativos para la elección del Poder Judicial.
El organismo fiscalizador, encabezado por David Colmenares, puso la lupa sobre contratos millonarios donde la documentación es insuficiente, los entregables no coinciden o los recursos terminaron en manos de terceros no vinculados al servicio.
El caso «Comercializadora JVLY»: El boquete de los 63 millones
El hallazgo más alarmante corresponde a un monto de 63 millones 241 mil pesos adjudicados a la empresa Comercializadora JVLY S.A de C.V. para la impresión y distribución de materiales de simulacro electoral.
Según la auditoría forense, aunque el INE presentó papeles de entrega, las cifras no cuadran. Existen discrepancias significativas entre lo que reportaron recibir las Juntas Locales y Distritales frente a lo que tienen los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE).
Más grave aún es la ruta del dinero: gracias a información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la ASF descubrió que los recursos pagados por el INE fueron transferidos posteriormente a nueve personas morales y una persona física, sin que exista evidencia de que estos terceros tuvieran relación alguna con los servicios prestados al Instituto. El proveedor tampoco pudo acreditar sus costos, personal o logística para cumplir el contrato.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó una serie de presuntas irregularidades relacionadas con el pago de materiales, suministros y servicios generales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los institutos nacionales Electoral… pic.twitter.com/rfzJiW3Zh2
— La Jornada (@lajornadaonline) February 17, 2026
Ante esto, la ASF ha solicitado al SAT y al IMSS auditar fiscalmente a Comercializadora JVLY.
Pagos anticipados y materiales perdidos en la Elección Judicial
La revisión también exhibió desaseo administrativo en la organización de la Elección Extraordinaria del Poder Judicial 2024-2025.
La ASF señaló que el INE reportó haber recibido materiales didácticos y boletas “en tiempo y forma” al cierre de 2024; sin embargo, la realidad física es que los insumos se entregaron hasta 2025. Esto implica que se pagaron servicios con presupuesto de un año fiscal anterior sin tener los bienes en mano.
Adicionalmente, se desconoce el paradero o destino final de 1 millón 197 mil piezas de material didáctico, valuadas en poco más de un millón de pesos.
Vehículos «desviados»
Finalmente, la auditoría detectó un probable perjuicio por 2.2 millones de pesos en el arrendamiento de flotilla vehicular. El contrato estipulaba que las unidades (usadas por 2,171 días acumulados) debían servir a los Módulos de Atención Ciudadana (MAC). No obstante, la evidencia apunta a que los autos fueron utilizados para fines totalmente distintos a los autorizados, sin justificación documental.
Como resultado de estos hallazgos, la ASF emitió 8 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 3 pliegos de observaciones, dando al INE un plazo legal para aclarar el destino de los recursos o reintegrarlos a la Tesorería.