Fotografía: Ministros concluyen que los fideicomisos eran "cajas chicas" sin rendición de cuentas y que su extinción no vulnera el pacto federal.
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Cinco años después del polémico decreto y tras un largo letargo judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso punto final a una de las disputas más agudas del sexenio pasado. Por unanimidad, el Pleno validó la constitucionalidad de la extinción de 109 fondos y fideicomisos públicos federales, una medida impulsada en 2020 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

El fallo permite al Gobierno Federal mantener el control directo sobre una bolsa de recursos estimada en más de 68 mil millones de pesos, dinero que anteriormente se gestionaba a través de figuras financieras destinadas a la ciencia, el deporte, el cine (Fidecine) y la atención de desastres naturales (FONDEN), entre otros.

No hubo invasión de competencias

La resolución, desahogada a través de ocho proyectos presentados por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, desestimó las controversias constitucionales promovidas por los gobiernos de Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán. En aquel entonces, dichos estados conformaban el bloque opositor conocido como la «Alianza Federalista».

El argumento central de la Corte fue contundente:
los fideicomisos no son derechos adquiridos de las entidades federativas, sino herramientas administrativas del Poder Ejecutivo. «Las demandas plantearon argumentos genéricos sobre las bondades de los fondos, pero no pusieron en evidencia la afectación a alguna atribución reconocida en la Constitución», explicó el ministro Guerrero García.

La ministra Lenia Batres Guadarrama secundó la postura, enfatizando que estas figuras permitían la opacidad: «Es irrefutable que los fideicomisos públicos fueron utilizados para evitar la transparencia del ejercicio de recursos de nuestra nación».

«Irresponsabilidad» judicial: el regaño a la Corte anterior

La sesión destacó no solo por el fallo, sino por el duro reproche lanzado por el ministro ponente hacia la administración judicial previa. Guerrero García calificó de «muy irresponsable» que la anterior integración de la Corte mantuviera congeladas estas controversias durante cuatro años (de 2021 a 2025).

«No caeré en la narrativa de si la anterior Corte fue buena o mala, pero sí lo quiero decir con claridad: fue muy irresponsable porque se cerró la instrucción y no se presentó propuesta alguna», sentenció el ministro, subrayando que el retraso impidió una certeza jurídica oportuna.

Matices en la unanimidad

Aunque el voto general fue unánime respecto a la facultad del Ejecutivo para extinguir los fideicomisos, hubo reservas importantes en temas sensibles. La ministra Yasmín Esquivel Mossa emitió un voto concurrente respecto al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas.

Esquivel advirtió que la supresión de este instrumento específico podría implicar una decisión regresiva en materia de derechos humanos, al eliminar la garantía mínima presupuestal para apoyar a víctimas de delitos.

¿Qué sigue?

Con esta determinación, la SCJN confirma que la desaparición de los fideicomisos respeta los principios de federalismo y división de poderes. Sin embargo, el Pleno aclaró que este fallo se limita a las competencias estatales; hasta el momento, la nueva integración del tribunal no se ha pronunciado sobre si la medida vulneró derechos humanos específicos de los beneficiarios directos (científicos, cineastas o damnificados), un debate que podría resurgir en futuros amparos individuales.


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