La imagen es cruda y ha desatado una ola de furia social en el sureste mexicano: un hombre de pie, arma en mano, se impone sobre una mujer tirada en el suelo que intenta, inútilmente, detener la agresión. El protagonista no es un criminal común, sino José Luis Jonathan Yong Mendoza, quien en este 2025 fue electo como Juez de Control del Poder Judicial, y cuya conducta ha movilizado a los colectivos feministas para exigir su inmediata destitución.
Los hechos, registrados el pasado 23 de diciembre en el residencial Palmaris de Cancún, han puesto en jaque la credibilidad de las nuevas autoridades judiciales. Vecinos de la zona, alarmados por la violencia, documentaron el momento en que el funcionario agredía a su pareja y amenazaba de muerte a un testigo (un expolicía), detonando la exigencia de justicia por parte de la sociedad civil.
Juez penal de QuintanaRoo
Jose Luis Jonathan Yong Mendoza ex secretario de seguridad pública en la gestión de Remberto Estrada barba y con un historial de lavado de dinero y acusado de pertenecer a la delincuencia organizada.
Así se maneja con su pareja sentimental. pic.twitter.com/EOGy3oIaTZ— César Maupomé 1️⃣ (@cesar_maupome) December 28, 2025
La exigencia: Cero tolerancia a violentadores
Ante la gravedad de las pruebas visuales, la Colectiva 50+1 Capítulo Quintana Roo emitió un pronunciamiento enérgico. La organización no solo condenó el acto como un caso de violencia doméstica y presunto intento de feminicidio, sino que exigió una investigación transparente que rompa el pacto de impunidad.
“Exigimos la inmediata destitución de Jonathan Yong como juez. La impunidad no es una opción. Justicia para las víctimas”, sentenció el colectivo, recordando que el funcionario cuenta con un historial de investigaciones previas por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.
Por su parte, el Colectivo Femenil Xtabay se sumó al reclamo bajo la consigna “Ningún agresor en el poder”. Las activistas hicieron un llamado directo a la gobernadora Mara Lezama y al recién creado Órgano de Administración Judicial —ente encargado de sancionar a los jueces— para que actúen de oficio. Cuestionan cómo es posible que un perfil con antecedentes de violencia e irregularidades administrativas (fue removido de la policía de Cancún en 2021) haya logrado acceder a un cargo de impartición de justicia mediante el voto popular en 2025.
Un perfil cuestionable en la impartición de justicia
El caso de Yong Mendoza ha reavivado el debate sobre los filtros de control de confianza en el nuevo modelo judicial. El periodista Jorge García Orozco y medios locales han recordado que el ahora juez buscó sin éxito una diputación federal por Morena en 2019 y se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública en Benito Juárez, cargos donde su desempeño fue cuestionado.
A pesar de que hasta el momento no se ha confirmado la apertura formal de una carpeta de investigación penal —lo que ha generado temor entre los vecinos por posibles represalias—, la presión social crece. Los colectivos advierten que mantener a un juez captado en flagrancia armada y violenta no solo pone en riesgo a la víctima directa, sino que vulnera la integridad de todo el sistema de justicia en Quintana Roo.
Las organizaciones exigen medidas de protección cautelar para la mujer agredida y los testigos, advirtiendo que no permitirán que el caso se diluya entre la burocracia judicial.