En lo que se perfila como uno de los reveses judiciales más costosos en la historia reciente de la administración pública federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue condenada a pagar 9 mil 534 millones de pesos a la empresa Security Tracking Devices (STD). La razón no fue la validez de los contratos, sino una cadena de errores procesales básicos por parte del área jurídica del Ejército.
El Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Gabriel Regis, determinó que la dependencia federal debe liquidar dicha cantidad —que incluye actualizaciones y accesorios— al haber perdido el litigio prácticamente por default.
Crónica de una defensa fallida
El desastre legal para la Sedena se originó en dos tiempos. Primero, al contestar la demanda en 2023, los representantes legales de la institución, Pedro Bonilla Muñoz (Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos) y Jorge Suárez Becerril, no lograron acreditar su personalidad jurídica ante el tribunal. Es decir, legalmente, no demostraron tener la facultad para representar al Ejército en el juicio.
No fue corrupción.
No fue sabotaje.
Fue incompetencia.La Sedena perdió un litigio con una empresa ligada a Pegasus por no acreditar a su apoderado legal y por apelar fuera de tiempo.
Resultado: un errorcito q le costará al país 9.5 mil mdp.
La 4T también despilfarra por inepta. pic.twitter.com/Idzv6isl0M— Bere Aguilar (@bereaguilarv) December 16, 2025
Debido a esto, en marzo de 2024, el juzgado declaró a la Sedena en «rebeldía», lo que implica que la institución aceptó tácitamente todos los hechos reclamados por la empresa demandante al no defenderse adecuadamente.
El segundo error selló el destino de los recursos públicos: al intentar impugnar esta decisión, la Sedena presentó su apelación de manera extemporánea. Un Tribunal Colegiado confirmó el 3 de julio de 2024 que el plazo había vencido, dejando la falta de defensa como «cosa juzgada» e irreversible.
¿Qué se paga?
El litigio, iniciado en septiembre de 2023, reclamaba el pago de 13 facturas pendientes derivadas de nueve contratos adjudicados directamente entre 2010 y 2012. Estos acuerdos contemplaban la adquisición de sofisticados equipos de espionaje y monitoreo.
La empresa beneficiada, Security Tracking Devices, es propiedad del controvertido empresario José Susumo Azano Matsura, quien ha sido señalado como uno de los principales proveedores de tecnología de intrusión en México, incluido el software Pegasus (desarrollado por NSO Group).
Antecedentes oscuros
Cabe destacar que estos contratos habían sido rescindidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto tras investigaciones de la entonces PGR. Además, Susumo Azano cuenta con un historial complejo: en 2017 fue condenado a tres años de prisión en Estados Unidos por financiamiento ilícito de campañas políticas en San Diego, y en 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó sus cuentas bancarias.
A pesar de que la Sedena intentó una apelación final el pasado 2 de diciembre, expertos legales coinciden en que el punto central —la falta de personalidad jurídica— ya no puede ser modificado, obligando al Estado a desembolsar una cifra multimillonaria por una defensa que llegó tarde y mal.