Mientras las carreteras de Jalisco, Guanajuato y Sinaloa arden bajo el descontento de miles de campesinos que exigen precios justos para sus cosechas, Grupo Minsa, el gigante harinero propiedad de la familia de Altagracia Gómez, intenta lavarse las manos. La compañía, cuya presidenta funge paradójicamente como el enlace empresarial del gobierno de Claudia Sheinbaum, ha rechazado tener injerencia en el desplome de los precios del maíz, una postura que contrasta violentamente con los beneficios millonarios que obtiene del erario y las acusaciones de acaparamiento que lanzan los productores.
En medio de una de las crisis agrícolas más agudas del sexenio, Minsa emitió un comunicado a sus inversionistas —retomado por Bloomberg Línea— asegurando que adquiere apenas el «1% del consumo total de maíz en México», argumentando que no tiene el poder para fijar los precios. Sin embargo, para los agricultores que hoy dinamitan las mesas de diálogo con el gobierno, esta defensa es una afrenta.
Contratos millonarios vía ‘fast track’ La narrativa de Minsa de ser un actor menor en el mercado se desmorona ante sus vínculos privilegiados con el poder. Según una investigación del periodista Jorge García Orozco para el portal Emeequis y difundida por Político MX, la empresa de Altagracia Gómez fue beneficiada con una adjudicación directa por más de 346 millones de pesos.
Altagracia Gómez, dueña de MINSA, un grupo que reportó ingresos por 8,903 millones de pesos el año pasado. Los productores de Maíz, acusan a su empresa de pagar muy bajo el kilo a 4 o 5 pesos, mientras ellos venden el kilo de Tortillas en 25 pesos por eso los bloqueos carreteros pic.twitter.com/jcEkOQJKJb
— Jorge García Orozco (@jorgegogdl) November 26, 2025
El contrato, otorgado por «Alimentación para el Bienestar», es para proveer harina de maíz al programa «Maíz para Todos» entre marzo y diciembre de este año. La justificación gubernamental fue la «urgencia», un argumento que permitió a la empresa de la coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia asegurar ingresos masivos del Estado, mientras los productores primarios luchan por sobrevivir con ofertas de compra que no cubren ni sus costos de producción.
«Ponen de rodillas al campo»
La disparidad es insultante para el sector agrario. Mientras Minsa reportó a la Bolsa Mexicana de Valores un alza del 10% en sus ventas y una disminución en sus costos de producción gracias al maíz barato, los campesinos reciben ofertas de 5,840 pesos por tonelada, muy lejos de los 7,200 pesos que exigen para no operar con pérdidas.
“Quien compra y fija los precios es realmente el acaparador: esas grandes empresas que industrializan el maíz. ¿Cómo es posible que cinco empresarios pongan de rodillas a todo el sector agropecuario del país y al gobierno?”, sentenció Francisco Ortega Sánchez, coordinador del Congreso Agrario Permanente en Hidalgo, en declaraciones recogidas durante las protestas.
La defensa corporativa ante la crisis
En foros públicos en Guadalajara, Altagracia Gómez ha intentado desviar la atención hacia el sector pecuario (ganadero), señalándolo como el verdadero responsable de la presión en los precios al basarse en estándares internacionales. La empresa sostiene que paga un «premio» al maíz nacional de mil pesos sobre la referencia internacional.
No obstante, la realidad en las parcelas es otra. Organizaciones como el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano han denunciado que el gobierno federal protege los intereses de los grandes industriales como Minsa y Maseca, sacrificando al eslabón más débil de la cadena: el campesino.
Según reportes de El País, los agricultores exigen que se cubra el 100% del costo de producción más un 30% de utilidad, una demanda que ha sido ignorada. Mientras la administración federal ofrece esquemas de apoyo parciales y Minsa presume «buena fe» y «diálogo» en sus comunicados financieros, el campo mexicano sigue descapitalizándose, víctima de un modelo donde las ganancias récord de las harineras se construyen sobre la ruina de quienes siembran la tierra.