Fotografía: Reconoce la decisión del gobierno de atender este grave problema que afecta a niñas de todo el país.
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Early Institute, think tank mexicano especializado en primera infancia, celebra el Plan Integral contra el Abuso Sexual, presentado por el Gobierno Federal el pasado 6 de noviembre, ya que integra medidas que atienden la problemática, entre ellas el establecer una ruta de atención y denuncia clara, accesible y homologada a nivel nacional, que permita una respuesta rápida y eficiente ante los casos de abuso sexual. De igual forma se impulsa el desarrollo de campañas que fomenten la denuncia y desnormalicen distintas formas de violencia sexual, así como el fortalecimiento de la capacitación y coordinación entre autoridades, para garantizar investigaciones y procesos con perspectiva de género y enfoque centrado en las víctimas.

NO PARAN LOS ABUSOS

Sin embargo, Early Institute señala con preocupación que este Plan no menciona de manera explícita a niñas, niños y adolescentes como víctimas de esta problemática, a pesar de que este grupo enfrenta condiciones particulares de vulnerabilidad. Advierte que no pueden impulsarse políticas públicas de prevención de la violencia sexual si no se considera plenamente a la niñez y adolescencia, especialmente cuando los datos muestran que en 2020 se registraron 21,717 carpetas de investigación por delitos sexuales contra esta población; para 2021, el número ascendió a 22,410, lo que representa un incremento del 3%. El aumento más significativo ocurrió entre 2021 y 2022, con un crecimiento del 32%, al alcanzar 29,726 carpetas de investigación. Finalmente, en 2023 se documentaron 35,866 casos, cifra que implica un aumento adicional de casi 21% respecto del año anterior; por lo que enfatiza que, sin una perspectiva de niñez y adolescencia, esta política pública quedaría incompleta y limitaría su capacidad de transformación.

En consecuencia, como parte de este Plan Integral contra el Abuso Sexual, Early Institute considera fundamental que el Gobierno Federal y los Congresos de las entidades federativas tomen en consideración las siguientes premisas:

• Si bien la violencia sexual contra las mujeres requiere de una atención prioritaria, es imprescindible incorporar una perspectiva de niñez, ya que niñas, niños y adolescentes también son víctimas de esta grave problemática.

• Existe una problemática generalizada en la tipificación de los delitos sexuales a nivel nacional; por ello, es necesario revisar y armonizar los tipos penales como un paso esencial para garantizar el acceso a la justicia a cualquier víctima de violencia sexual.

• Pone a disposición del público en general y de las instituciones del Estado la plataforma alumbramx.org, una plataforma accesible, gratuita y basada en evidencia para brindar herramientas de prevención de la violencia sexual, que contribuye al fortalecimiento de acciones informadas, integrales y con enfoque de derechos.

Reconoce la relevancia de esta iniciativa que busca fortalecer la protección de las víctimas de violencia sexual. Coincidió en la necesidad de seguir impulsando cambios normativos y legislativos integrales que proporcionen a las autoridades herramientas eficaces para brindar protección inmediata y sin revictimización.

Finalmente, hace un llamado a la sociedad a no olvidar que, además del papel fundamental del Estado, es indispensable la participación activa de todas y todos para prevenir, detectar y denunciar la violencia sexual, considerando expresamente a niñas, niños y adolescentes.

Panorama-estadistico-VSI-Mexico

En México no hay mujeres presas por abortar, la mayoría de las personas procesadas son hombres y derogar la comisión de este delito en México deja desprotegida a la mujer embarazada y su hija o hijo por nacer, son parte de las conclusiones del reporte “Aborto: La realidad no contada”, elaborada por la plataforma UNNA – Una Vida, Una Infancia, Una Protección. De acuerdo con Paulina Hernández Torruco, vocera de UNNA, abogada y maestrante en Ciencias Jurídicas e investigadora de neurociencias aplicadas al derecho, la mayoría de las mujeres que interrumpen la vida por nacer son víctimas de aborto forzado mediante prácticas violentas y otros actos constitutivos de delitos.

ABORTO FORZADO, RESGUARDO DE VIOLENCIA

“El aborto forzado esconde una serie de hechos de violencia en contra de las mujeres embarazadas, tanto adolescentes como adultas como violencia sexual, trata de personas, abuso sexual, maltrato, abandono, lesiones, violencia de género y hasta feminicidio”, precisó la especialista. En entrevista con Blanca Becerril en el Heraldo Media Group, Hernández Torruco también dio a conocer que el reporte hecho por esta plataforma que promueve la protección de la mujer embarazada y de las niñas y niños por nacer, arrojó que en muchos casos las mujeres son obligadas a la ingesta de pastillas para terminar con la vida desde el vientre materno.
En ese sentido negó que el delito de aborto criminalice a la mujer; por el contrario, eliminar de los códigos penales de los estados este delito alimenta la impunidad de esos hechos en contra de la seguridad y la protección de las mujeres embarazadas y de sus hijas e hijos por nacer.

Entre otras conclusiones del reporte: “Aborto: La realidad no contada”, también está que sería “inviable” dejar impune este delito ya que dejaría a las mujeres en estado de indefensión y abriría la puerta a más agresiones sin consecuencias legales, además de que conforme a la ley el bien jurídico protegido no es solo la vida en gestación, sino también la integridad de la mujer, víctima de violencia, abuso y sometimiento. Además, la revelación de que la mayoría de personas presas son hombres revela de manera irrefutable la mujer embarazada y su bebé en gestación enfrentan una realidad social grave pero contundente por la existencia de violencia, abuso y coacción para terminar con la vida humana desde el vientre materno. Como ejemplo, citó un caso en Colima en 2012, cuando una mujer conducía su vehículo particular en segundo grado de ebriedad y, primero colisionó contra un vehículo que se encontraba estacionado y, en su intento por darse a la fuga, continuó conduciendo a exceso de velocidad. Poco después, al no percatarse de un reductor de velocidad, perdió el control de su automóvil y se impactó violentamente contra el costado de un taxi con una pareja a bordo, estando la mujer embarazada, que por el impacto sufrió lesiones mientras que su bebé en gestación falleció. Ahí quedó configurado el delito de aborto en contra de la mujer responsable del accidente automovilístico. Respecto a cifras, Hernández Torruco precisó que al menos 841 carpetas de investigación fueron abiertas en 2024 y otras 370 en 2025 por el delito de aborto forzado, mientras que actualmente hay 71 hombres encarcelados y solo 7 mujeres por haber cometido dicho acto.


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