El proceso para garantizar la identidad de millones de mexicanos está en una encrucijada. El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en el centro de la polémica tras posponer el fallo de la licitación para la producción de la credencial para votar correspondiente al periodo 2026-2031, un contrato valuado en cerca de 4,000 millones de pesos.
Durante la sesión de la Comisión del Registro Federal de Electores celebrada este jueves, las consejerías acordaron solicitar un informe detallado sobre los riesgos operativos que implicaría un mayor retraso o que el concurso se declare desierto.
Sombra de duda sobre el proceso La consejera Carla Humphrey, presidenta de dicha comisión, expresó su preocupación por los cambios de última hora en las reglas del juego. De acuerdo con declaraciones recogidas por el diario Reforma, Humphrey alertó sobre una posible «licitación a modo».
La consejera señaló una modificación crítica: la reducción en la experiencia mínima requerida. Anteriormente, se exigía a las empresas comprobar la producción de 2 millones de documentos anuales; ahora, el requisito bajó a solo 200,000.
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“El tema es que estás haciendo esta convocatoria a modo solamente para que una de las empresas sea la que gane. A mí me parece que eso es un ilícito”, advirtió Humphrey al medio citado, subrayando que el desfase de casi tres meses en el proceso es atípico para el Instituto.
Los competidores y el contrato Según información de El Universal, el fallo original estaba previsto para noviembre, pero se recorrió a diciembre debido a los retrasos administrativos. Esta demora obligó al INE a firmar dos convenios modificatorios con la actual proveedora, la alemana Veridos México, extendiendo su contrato hasta mayo de 2026 para no detener la emisión de plásticos.
Este jueves se recibieron las propuestas técnicas y económicas de cinco contendientes principales:
El contexto político también pesa. Reportes periodísticos señalan que Indra llega al concurso bajo el escrutinio público debido a su estructura accionaria controlada por el gobierno español y su relación con actores políticos en Europa, además de contar con la participación del fondo Amber Capital. Por su parte, Veridos ha cuestionado que el INE otorgue puntos extra a empresas con planta en México en una licitación internacional y que se exijan certificaciones más afines a imprentas nacionales.
Nuevos datos en la credencial Más allá de la disputa empresarial, la Comisión analiza modernizar el plástico. Se estudia la incorporación de datos como la identificación sexogenérica, la autoadscripción indígena y la condición de donante de órganos. Sin embargo, Jaime Castañeda, representante de Morena ante el INE, pidió cautela con el manejo de datos personales, recordando que la producción de la credencial es un terreno históricamente propenso a litigios.
El desenlace de esta licitación, que representa una tercera parte del presupuesto del INE, definirá no solo quién fabricará 94 millones de credenciales, sino la credibilidad del árbitro electoral en sus procesos administrativos.
Redactado por: Alfredo Vázquez