En el argot de Las Vegas, el libro negro es aquél en el que se encuentran los jugadores a los que no se les permite entrar a las salas de juego por malas prácticas o mal comportamiento. En México hay un caso totalmente al revés donde 13 casinos en México fueron sacados del juego.Las causas: Expedientes incompletos, casinos sin licencia operando con amparos, e irregularidades en permisos, lo encontrado en un año. La Secretaría de Hacienda anunció anoche el reforzamiento de acciones institucionales para impedir el lavado de dinero a través del uso de casinos por presuntos grupos de la delincuencia organizada. En conjunto con el Gabinete de Seguridad, en una investigación que lleva meses realizándose identificaron 13 casinos en donde se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. Por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.
La Secretaría de Hacienda refuerza acciones institucionales para impedir el lavado de dinero a través del uso de casinos por presuntos grupos de la delincuencia organizada.https://t.co/zH9tCLLe2U#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/a29WCtkByD
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 12, 2025
COPIAN MODELOS INTERNACIONALES
Como resultado, se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero, en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero. Algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional.
SURGEN AMAS DE CASA MILLONARIAS POR APUESTAS
Adicionalmente, se identificó que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos.
INTERVIENE LA UIF ANTE LA FISCALÍA FEDERAL
Derivado de estos hallazgos, la UIF presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el fin de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.Estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero. Con ello, la Secretaría de Hacienda ratifica el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la coordinación interinstitucional, prevenir la infiltración criminal en sectores vulnerables y consolidar las acciones conjuntas con las autoridades de seguridad y procuración de justicia para impedir que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizadas por presuntos grupos de la delincuencia organizada, así como para proteger a los usuarios y a la población.
GOBERNACIÓN ENTRA AL QUITE
A partir de la investigación realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con el Gabinete de Seguridad, mediante la cual se identificaron 13 casinos que operan en nuestro país, que fueron listados para bloquear sus cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera, la Dirección General de Juegos y Sorteos suspendió la operación de estos establecimientos. Se trata de casinos que operan de forma física y virtual, por lo que la suspensión de actividades se llevó a cabo de manera inmediata para garantizar la legalidad de las operaciones, así como la protección a los usuarios no vinculados a estas acciones delictivas. La Secretaría de Gobernación reiteró su compromiso con la ley y con las personas usuarias de los servicios de centros de apuestas y plataformas.
AUMENTO DE IMPUESTOS A 50 POR CIENTO
La Cámara de Diputados de México, por su parte ya abrió la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para elevar de 30 a 50 por ciento el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a juegos con apuestas y sorteos, tanto presenciales como online, como parte del Paquete Económico 2026. Con esta propuesta, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca cerrar brechas fiscales y recaudar más de 5 mil millones de pesos el siguiente año, un incremento de 35 por ciento respecto a lo proyectado para 2025. El dictamen fue votado en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por Carol Antonio Altamirano a fin de cumplir con los plazos de la Ley de Ingreso. La medida entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y aplicaría también a plataformas extranjeras que ofrecen servicios de apuestas en México, las cuales podrían ser bloqueadas temporalmente en caso de incumplimiento. De acuerdo con el documento entregado el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados por el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, la iniciativa busca alinear la carga fiscal de esta industria con los estándares internacionales y fortalecer los ingresos públicos. El Ejecutivo argumenta que la tasa actual es baja frente a otros países: en Francia, el gravamen máximo alcanza 83.5 por ciento; en Reino Unido y Polonia, 50 por ciento; en Argentina, 41.5 por ciento; en España, 39.4 por ciento; y en Brasil, 38.8 por ciento. Sostiene además que la industria mexicana representa 0.55 por ciento del PIB, pero sólo aporta 0.01 por ciento en recaudación, lo que, de acuerdo con la autoridad, evidencia un margen de contribución insuficiente. No obstante, expertos han subrayado que esos modelos son parciales o no directamente comparables: usan bases gravables distintas, tramos progresivos, deducciones por retorno al jugador (RTP), contribuciones locales y topes diferenciados para operaciones online y presenciales. En Francia, por ejemplo, la tasa del 83 por ciento se aplica únicamente a ganancias que superan montos millonarios, mientras que en Reino Unido se calcula sobre ingresos brutos y no sobre utilidades netas. Asimismo, especialistas en materia fiscal y representantes del sector han advertido que el incremento podría tener un efecto contrario al buscado. Señalan, consultados por diferentes medios de comunicación de México en semanas recientes, que gravar con 50 por ciento la utilidad de los operadores legales pondría en riesgo la viabilidad de las empresas establecidas, lo que alentaría la migración de jugadores hacia plataformas no reguladas que no pagan impuestos ni cumplen con obligaciones de supervisión.
EXISTEN 4,500 SITIOS ILEGALES
El riesgo de que aumente la informalidad es mayor si se considera que alrededor del 60 por ciento del mercado de juegos online que opera en México lo hace de manera ilegal, según estimaciones del propio sector. Se calcula que existen cerca de 4500 sitios ilegales que operan en el país, lo que implica una evasión fiscal considerable y vulnera las políticas de juego responsable y control de edad actualmente aplicadas por la Secretaría de Gobernación.
El planteamiento de Hacienda se sustenta también en un componente extrafiscal. Según el documento, la medida busca desalentar conductas de riesgo, reducir los posibles daños sociales asociados al juego problemático y garantizar que los recursos adicionales se destinen a programas de salud. De acuerdo con estimaciones de la industria, la operación formal de entretenimiento y apuestas genera más de 10 mil millones de pesos anuales en contribuciones fiscales a nivel federal, estatal y municipal, además de generar más de 60 mil empleos directos y 144 indirectos. En el ámbito internacional, México figura entre los mercados de iGaming más grandes de América Latina. Según proyecciones del sector, el segmento de juego en línea alcanzará 3 mil 700 millones de dólares en ingresos anuales hacia 2028, con una tasa de crecimiento superior al 15% anual. Solo en apuestas deportivas en línea, los ingresos podrían superar los mil 740 millones de dólares en ese mismo año. La iniciativa incluye además la posibilidad de sancionar o suspender temporalmente a los operadores en línea, nacionales o extranjeros, que no acrediten el pago de impuestos. El gobierno argumenta que estas medidas permitirán transparentar los ingresos y reducir el riesgo de lavado de dinero mediante un control fiscal digital de las transacciones. En el debate participaron los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, conformada por 45 diputados de todas las fracciones, entre ellos los morenistas Freyda Villegas, Rocío Abreu, Daniel Murguía, Carlos Hernández, Alfonso Ramírez Cuéllar, Agustín Alonso, Eduardo Castillo, Adrián Oseguera, Leticia Farfán, María Luévano, Paola Tenorio, Francisco Estrada, Fernando Castro, Claudia Rivera, Marcela Michel, Ana Elizabeth Ayala, Merary Villegas, Danisa Flores, Carlos Ventura Palacios, José Narro, José Armando Fernández. Los panistas Federico Döring, Homero Niño de Rivera, César Rendón, Verónica Pérez, José Anata y Eva María Vásquez. Los priístas Yerico Abramo, Christian Castro, Emilio Suárez y Emilio Lara. Por el PT estarán Reginaldo Sandoval, José Antonio López, Luis Armando Díaz, Roberto Albores y Francisco Guízar. Del PVEM, Mario López, Ernesto Núñez, Carlos Canturosas, Denisse Guzmán, Héctor Pedroza y Cindy Winkler. Y por Movimiento Ciudadano, Patricia Flores, Gustavo De Hoyos y Eduardo Gaona.
JUEGO NUEVO EN 2026
Las nuevas disposiciones están previstas para entrar en vigor el 1 de enero de 2026 y aplicará a plataformas extranjeras que ofrecen servicios de apuestas en México, las cuales podrían ser bloqueadas temporalmente en caso de incumplimiento. La iniciativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo al gobierno, alineará la carga fiscal de esta industria con los estándares internacionales y fortalecerá los ingresos públicos.
MAGISTRADOS, PARTE DE LA CULPA
La integración de una comisión especial en la Cámara de Diputados, la actualización de expedientes de permisionarios por parte de la Secretaría de Gobernación, así como el cierre de casinos ilegales, revocación de permisos y la destitución de magistrados, son los aspectos más relevantes que buscan clarificar el escenario, previo a la presentación de una nueva legislación en la materia. Son tres jugadores que intentan ponerse de acuerdo para definir nuevas reglas: la Secretaría de Gobernación (Segob), el Poder Legislativo y la industria.
ANTECEDENTES
La Ley Federal de Juegos y Sorteos vigente fue publicada por el presidente Miguel Alemán Valdés, el 31 de diciembre de 1947, y desde entonces no ha sido reformada. Aunado a ello, el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos fue publicado en el 2004, durante el periodo de Vicente Fox: un desfase de 57 años. Desde diciembre del 2010 a la fecha, cuatro iniciativas para regular al sector fueron presentadas en comisiones del Congreso por legisladores de distintos partidos y ambas cámaras; dos de estas propuestas fueron desechadas y dos se mantienen congeladas .
EL DESORDEN
No obstante, con el cambio en la administración federal se tuvo que empezar prácticamente de cero: desde la integración de expedientes de cada permisionario, así como el rastreo de la operación de negocios ilegales en 114 municipios y cuatro delegaciones del Distrito Federal.
Al iniciar la nueva administración federal, la Dirección de Juegos y Sorteos, dependiente de la Segob, se encontró con que los expedientes de las empresas permisionarias y operadoras, así como el archivo general de dicha dependencia, estaban incompletos y desordenados, por así haberlos entregado la administración pasada, refiere un informe de la Comisión Especial para indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos . También, la investigación de la citada comisión se topó con información reservada, por encontrarse ésta sujeta a diversos procedimientos judiciales.
REACOMODO DE FICHAS
Para la Segob y la Cámara de Diputados, fue un año de completar expedientes, de citar a permisionario por permisionario y de encontrar irregularidades. La lista incluye permisos otorgados bajo la ley de 1947 (16) y otros (17) otorgados a partir del nuevo reglamento de 2004. También licencias ilimitadas en cuanto a años de vigencia y disparidad en el número de establecimientos a que tiene derecho a abrir cada licenciatario. De igual forma se detectaron establecimientos que funcionan amparados por jueces y negocios legales que fueron cerrados por ayuntamientos, pese a contar con un permiso federal para operar.
CIERRAN 36 DE 56 CASINOS
El saldo hasta ahora, es de 36 casinos o centros de apuestas ilegales cerrados, de 56 que operaban el año pasado (según estimaciones de la industria legal), así como el reordenamiento, por parte de la Secretaría de Gobernación, de una base de datos acerca de la operación de estos negocios. Pero la jugada más arriesgada de la autoridad fue, en abril pasado, con la revocación de licencia al permisionario Juan José Rojas Cardona, llamado el zar de los casinos y propietario de la firma Emex, que le permitía operar hasta 50 casas de apuestas en el país. El caso derivó en la suspensión de dos magistrados y un juez.
HACIA UNA NUEVA LEGISLACIÓN
El valor de mercado de la industria de juegos y sorteos en México, es de 70,000 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de la industria. De este sector, el negocio de casinos, cuenta con aproximadamente 400 establecimientos que dan empleo a 45,000 personas y generan anualmente alrededor de 3,700 millones de pesos en impuestos y aprovechamientos que son pagados a municipios, estados y la federación. De ahí la urgencia en regular una industria lucrativa pero que no ha podido despegarse de la mala imagen que la acompaña.
FALTA MUCHA REGULACIÓN
La industria nacional de juegos y sorteos carece de regulación, coordinación, vigilancia y en general de un control jurídico, lo que ha generado clandestinidad, anarquía, ilegalidad, defraudación, corrupción y el crecimiento de adicciones , refiere un análisis presentado en julio del 2013 por el diputado José Arturo Salinas, coordinador del grupo de trabajo para la revisión de la legislación y reglamentos para operación de juegos y casinos en México. Una nueva legislación que sea moderna, con reglas claras y transparentes, acordes a las necesidades actuales del país, para que generen certeza a quienes intervienen en esta actividad , refiere la minuta. Miguel Ángel Ochoa, entonces presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), refiere que los trabajos de un proyecto de ley van avanzados y podría presentarse en el Congreso en el próximo periodo ordinario.