El conflicto laboral derivado de la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) escaló esta mañana con el cierre de la avenida Insurgentes Sur, en la alcaldía Benito Juárez. Un grupo de 133 extrabajadores, contratados bajo el esquema de «libre designación», protestó para exigir el pago de su indemnización constitucional, acusando a la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de incumplir los acuerdos para gestionar su pago.
Mientras la CRT emitió un comunicado este lunes 3 de noviembre asegurando que se llevó a cabo una «mesa de diálogo» con «avances significativos», los extrabajadores denuncian una realidad opuesta.
Según fuentes de los afectados, funcionarios de la CRT (anteriormente de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones) se habían comprometido a entregar un documento a más tardar el 30 de octubre para solicitar formalmente los fondos a la Secretaría de Hacienda (SHCP), pero incumplieron. «Desde el jueves pasado personal de la CRT dejó de contestar mensajes», lamentó un extrabajador.
Respeto y pago de indemnización a los ex trabajadores IFT @CRTGobMX debe comenzar con justicia no manchada de deudas laborales. @latinus_us @CarlosLoret @ClaudioOchoaH pic.twitter.com/NMRa8XUvXu
— TrabajadoresIFT133 (@ift13330452) November 3, 2025
La demanda central es el pago de la indemnización que, según la ley, corresponde por la supresión de sus plazas: tres meses de sueldo más 20 días por año de servicio. Luz Guerrero, representante del movimiento ‘IFT 133 por nuestra indemnización’, estimó el monto en cerca de 50 millones de pesos, aunque otras versiones apuntan a un total de 128 millones.
«Nuestra demanda es el pago de la indemnización constitucional», afirmó Guerrero en entrevista. «Nos quedamos sin trabajo, no hubo una transición, no hubo una recontratación».
El dinero, en manos de Hacienda
El conflicto tiene un actor clave: la Secretaría de Hacienda. Antes de su extinción, el IFT transfirió a la SHCP los recursos del «Fondo de Infraestructura y Equipamiento», un fideicomiso que al segundo trimestre del año ascendía a 2,560 millones de pesos y que estaba destinado, en parte, a cubrir estas liquidaciones.
Ahora, Hacienda tiene la facultad sobre ese dinero. Los trabajadores acusan que, aunque la CRT heredó el pasivo laboral del IFT y es legalmente responsable, solo ha ofrecido gestiones «de palabra» sin un compromiso formal por escrito. «Lo único que nos han comentado es que están realizando con Hacienda las gestiones necesarias… Hacienda dice que los van a valorar», acusó Guerrero.
Un limbo legal único
El origen del problema data de un acuerdo del extinto IFT del 5 de septiembre, que estipuló que el personal de «libre designación» no recibiría indemnización por no ser parte del Servicio Profesional de Carrera.
Los trabajadores refutan esto, argumentando que el propio IFT reconoció en solicitudes de transparencia que «todos los servidores públicos que integran la plantilla laboral del Instituto serán considerados trabajadores de confianza».
Lo que agrava la molestia de los manifestantes es que, tras la eliminación de siete entes autónomos este año, su caso es la excepción. Extrabajadores de organismos como el INAI, Mejoredu y la Cofece, incluso aquellos de libre designación, sí han visto reconocido su derecho a la indemnización.
«Esta omisión contradice directamente los principios que Morena ha enarbolado desde sus orígenes: justicia social, protección a los más vulnerables», señalaron los extrabajadores en un documento entregado a la CRT.
Al cierre de esta edición, la CRT sostiene en su comunicado que «acompañará este proceso con responsabilidad institucional», mientras los 133 exempleados continúan en la calle, sin respuesta y sin pago.