El Senado de la República sentó un precedente este miércoles al negar de forma contundente la solicitud de licencia de la jueza Irlanda Gabriela Pacheco Torres, quien pretendía ausentarse de su cargo judicial por seis meses, del 2 de septiembre de 2025 al 2 de marzo de 2026. La jueza argumentó que necesitaba el tiempo para realizar una entrega «ordenada, transparente y responsable» de su cargo como directora de Evaluación en la ANAM, que ocupa desde febrero de 2025.
Sin embargo, la Comisión de Justicia, presidida por el senador Javier Corral Jurado, y el Pleno del Senado, calificaron la solicitud como «no justificada». Los legisladores coincidieron en que Pacheco Torres tuvo conocimiento de los resultados electorales y la fecha de su juramentación con suficiente antelación para haber completado el proceso de entrega-recepción en Aduanas.
«No se encontró causa justificada para que la jueza priorice sobre su deber constitucional y legal de impartir justicia el desahogar un proceso de entrega-recepción de carácter administrativo», sentenció Corral Jurado.
Críticas y exigencia de renuncia
La decisión generó un encendido debate entre los senadores de diversas fracciones. La senadora de Morena,
Martha Lucía Micher Camarena, calificó la solicitud como «un exceso y una burla», y conminó a la jueza a presentar su renuncia para que su suplente asuma el cargo. Por su parte, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, también de Morena, enfatizó que «la justicia no se va a administrar a medias, ni se congela por conveniencia. Es un derecho del pueblo». Desde la oposición, la senadora del PAN, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, lamentó que Pacheco Torres haya tomado protesta como jueza sin haberse separado de su encargo en la administración de aduanas, calificándolo como una «falta muy importante» y pidiendo que el Tribunal de Disciplina Judicial investigue el caso.
Cuestionamientos sobre su idoneidad
La controversia escaló al revelarse antecedentes de la jueza. La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, sostuvo que Pacheco Torres no debió ser candidata, ya que mientras era funcionaria en Aduanas, defendió legalmente a Luis Erick Barajas García, alias «El Trompas», presunto integrante del grupo delictivo La Unión Tepito.
Además, se informó que la jueza se registró como candidata mientras estaba bajo una suspensión condicional de un proceso penal por los delitos de fraude procesal y uso de documentos falsos, lo que pone en duda el requisito de «gozar de buena reputación» que establecía la normativa electoral.