Poner fin a una suscripción de streaming, música o videojuegos ya no será una odisea. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en un procedimiento de vía rápida (fast track) y con un contundente respaldo de 438 votos a favor, una reforma histórica que obligará a los proveedores a facilitar la cancelación inmediata de servicios con cobros recurrentes.
La modificación a la Ley Federal de Protección al Consumidor, propuesta por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, busca erradicar las prácticas abusivas de empresas que, según el dictamen, convierten a sus clientes en «una especie de rehenes» al imponer una serie de obstáculos para darse de baja.
«Cancelar suscripciones y membresías debe ser un proceso sencillo, sin trabas ni abusos», sentenció Monreal durante la presentación de la iniciativa, quien incluso compartió una anécdota personal en la que terminó en el Buró de Crédito por la imposibilidad de cancelar un servicio.
Las nuevas reglas del juego para los proveedores
Una vez que la reforma sea ratificada por el Senado y entre en vigor, las compañías que ofrezcan servicios mediante plataformas digitales o medios electrónicos en México deberán cumplir con nuevas y claras obligaciones:
- Consentimiento Expreso: Cualquier cobro automático recurrente requerirá la autorización explícita e informada del consumidor.
- Información Clara: Deberán informar de manera destacada y accesible la periodicidad, el monto y la fecha de cada cobro automático.
- Aviso Previo: Tendrán que notificar al usuario sobre la renovación automática del servicio con al menos cinco días naturales de anticipación.
- Cancelación sin Penalización: El consumidor podrá cancelar la renovación antes de que se efectúe el cobro sin enfrentar ningún tipo de sanción.
- Mecanismo Inmediato: Deberán implementar un proceso claro y accesible que permita al usuario cancelar la suscripción o membresía de manera instantánea.
Esta legislación responde a una creciente problemática en un mercado que, según cifras citadas por el legislador, involucra a 67 millones de usuarios en México y representa un gasto de casi dos billones de pesos anuales.
El respaldo a la iniciativa fue total, con el aval de todas las fuerzas políticas representadas en San Lázaro (Morena, PAN, PRI, MC, PVEM y PT). El coordinador del PAN, José Elías Lixa, calificó la medida como un acto de «justicia tecnológica elemental» para proteger la economía de las familias mexicanas.
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la minuta fue turnada al Senado de la República para su análisis, discusión y eventual ratificación final.