Con reformas claves aprobadas ayer, todos los gobiernos del país abren un frente de ataque a dos modalidades de crimen organizado, que son el llamado cobro de piso de manera presencial y las llamadas telefónicas con engaños y amenazas –muchas de ellas hechas realizadas desde centros penitenciarios–. Con la reforma al artículo 73 de la Constitución, el Congreso quedó facultado para elaborar una Ley General contra la Extorsión, mediante la cual se homologuen las penas de cárcel por este delito en todos los estados, y se persigan los casos de oficio, sin necesidad de denuncia por parte de la víctima.
El morenista, Leonel Godoy, resaltó que la extorsión es el delito que más ha crecido en el país, ya que en 2018 había un promedio diario de 19 casos, mientras que en enero de este año ese índice aumentó a 29, lo que implica un alza de 58 por ciento en sólo seis años. El legislador destacó que la extorsión afecta tanto a la economía de las personas como a su salud mental y tranquilidad, por lo que “no es un delito menor”. Luego de casi cuatro horas de debate, en el cual todos los grupos parlamentarios manifestaron su apoyo a la iniciativa enviada al Congreso por la presidenta, Claudia Sheinbaum en julio pasado, el dictamen fue aprobado de manera unánime por 474 votos en favor, por lo que se enviará al Senado para continuar con su trámite legislativo.
SEVEROS DAÑOS A NEGOCIOS Y MUNICIPIOS
Para combatir este ilícito, que también afecta a negocios y gobiernos municipales pequeños, en particular, la iniciativa presidencial busca incentivar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno; perseguir el delito de oficio, sin necesidad de denuncia de la víctima, y homologar las penas de cárcel a nivel nacional, las cuales hoy son muy dispares en cada entidad federativa. Durante los posicionamientos de las diferentes bancadas, la petista, Marycarmen Bernal, alertó que la extorsión se ha convertido en un “impuesto criminal que paraliza la economía y debilita el tejido social”, pues tan sólo entre enero y junio de este año, se documentaron 6 mil 880 víctimas, la cifra más alta en seis años.
GANANCIAS DE 26 MIL MDP AL AÑO
Asimismo, apuntó que este ilícito le cuesta a la sociedad un promedio de más de 26 mil millones de pesos al año, con 71 millones de pesos diarios que alimentan a las organizaciones delincuenciales que lo cometen. Por su parte, Laura Hernández (MC), añadió que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, en 2024 se cometieron 4.9 millones de casos de extorsión, lo que significa una tasa de 5 mil 213 por cada 100 mil habitantes. En 85.6 por ciento de estos episodios la extorsión fue telefónica y en 12.9 por ciento, la víctima accedió a pagar.
Aunque todos los grupos parlamentarios manifestaron su apoyo a la reforma, también se advirtió que la aprobación de la Ley General contra la Extorsión debe ocurrir a la brevedad, así como dotar a la norma de presupuesto y herramientas suficientes para su implementación adecuada. “Nuestra preocupación es que el proyecto se quede solamente con una reforma simbólica y no una esperanza normativa, que no aterrice en cambios reales. Respaldamos la reforma, pero también advertimos al oficialismo: no podemos quedarnos en el discurso ni en una ley parcial; la Ley General de Extorsión debe ser clara, operativa y con presupuesto”, recalcó el priísta, César Alejandro Domínguez. Por su parte, Anya Gómez Cárdenas (PAN), hizo ver que la extorsión –delito que se concentra en 71 por ciento de los casos en los estados de México, Veracruz y Nuevo León—debe combatirse con los fondos suficientes.
En ese marco, recordó que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2026 habría una reducción de más de 10 mil millones de pesos en el área de seguridad, por lo que llamó a los diputados de mayoría a “darle reversa a eso». Están a tiempo de hacerlo, porque es ahora cuando más se necesita invertir en los cuerpos policiacos”. El también panista, Héctor Saúl Téllez, saludó que la Presidencia haya retomado una iniciativa que reivindicó como suya, al tiempo que destacó que la extorsión ha crecido de forma particular durante los gobiernos federales de extracción morenista, ya que el promedio anual de carpetas subió en la actualidad a 9 mil 407, un alza de 75 por ciento en comparación del sexenio anterior.
- La extorsión es un delito donde la impunidad es de casi el 100% de los casos.
- Un delito directo al bolsillo
de todos los ciudadanos - Una serie de condiciones adversas la han convertido en el mejor negocio criminal
Con el descuido de la autoridad, la ausencia de estrategias, una muy pobre respuesta institucional; ausencia de recursos y un nulo interés por darle acceso a la justicia a las víctimas, el delito de extorsión, con una garantía de 100 % de impunidad, se ha convertido en el mejor negocio para los criminales. Todo ello explica por qué la extorsión crece año con año
Existe una diversidad creciente de modalidades, la más común es la vía telefónica, la que más pone en riesgo la integridad física y la vida de las personas es la extorsión presencial. Repercute en la competitividad, en el acceso a los bienes y servicios de los consumidores, es decir en el bolsillo de todos los ciudadanos. La extorsión la ejecuta desde individuos, pequeñas bandas, delincuencia organizada, como autoridades, empresas y profesionistas varios. Es un delito donde la impunidad es de casi el 100% de los casos. Ello se debe a la ausencia de estrategias diferenciadas para cada manifestación del delito; la falta de compromiso de muchas autoridades; malos procesos para captar las denuncias; una muy pobre respuesta institucional; ausencia de recursos y un nulo interés por darle acceso a la justicia a las víctimas.
Una minuciosa investigación efectuada por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) bajo el título La Extorsión Bajo el Caleidoscopio, muchas modalidades y pocas políticas públicas, da cuenta de varios fenómenos delictivos, la deficiencia de registros estadísticos, de diagnósticos gubernamentales y de acciones implementadas por las autoridades oficiales. De mantenerse la actual tendencia, una vez que termine 2022 podremos comprobar que los peores 4 años en materia de extorsión son los de la actual administración. A la fecha muy pocas entidades han generado mecanismos para proteger al denunciante -particularmente para las varias modalidades de extorsión presencial-; actúan de oficio ante la noticia delictiva y son contados los casos de golpes a bandas completas. En la mayoría de los casos la autoridad se activa solo después de una denuncia formal; rara vez existen mecanismos para que una víctima pueda darle seguimiento a su denuncia y las pocas detenciones, suelen ser a uno o dos delincuentes, sin que ello implique la desarticulación de una banda dedicada a este delito.
AUTORIDADES DISPERSAN DENUNCIAS
En el peor escenario, las mismas autoridades disuaden la denuncia, revictimizan a quien denuncia o incluso ejecutan ellos mismos la extorsión. Algunos servidores públicos nos compartieron off the record, que en su fiscalía existe la instrucción de no iniciar acción alguna tras una denuncia de extorsión, ni reportarla en las estadísticas oficiales. Mientras, el delito sigue creciendo, los ciudadanos seguimos recibiendo llamadas de amenaza; de quien se hace pasar por un empleado de banco y termina por robarnos nuestro capital; nos siguen robando las cuentas de WhatsApp o de redes sociales para engañar a nuestros contactos. De igual forma, el sector empresarial del país -desde el ambulante hasta la empresa trasnacional- sufre cada vez más la imposición de proveedores; la prohibición de producir, vender o transportar cierto producto -generando monopolios fácticos- o siendo obligada a pagar “derecho de piso”. Con el estudio La Extorsión Bajo el Caleidoscopio, muchas modalidades y pocas políticas públicas buscamos proponer algunas acciones puntuales: Urge reformar el marco normativo e impulsar una ley general que identifique la realidad actual de este delito; Implementar algunas de las acciones exitosas que se han llevado a cabo tanto en nuestro país como en el mundo. Capacitar en el tema a las autoridades de todo el país. Destinar los recursos necesarios para que fiscalías y secretarías de seguridad puedan atender a las víctimas y combatir el delito. Robustecer el sistema financiero para evitar que los delincuentes sigan usándolo impunemente para recibir el dinero fruto de este delito. Los mexicanos pagamos de nuestro propio bolsillo la extorsión que sufren las empresas todos los días: desde los bienes de consumo primario, las actividades de esparcimiento, hasta si queremos construir o adquirir una casa; la extorsión se vuelve un impuesto que encarece todos los productos y servicios. Peor aún, la extorsión mata: este delito juega un papel protagónico en la crisis de homicidios, lesiones dolosas, secuestros y desapariciones en el país. Si no se atiende con urgencia la delincuencia seguirá aumentando su poder y los ciudadanos empeorando nuestra calidad de vida. Al atenderlo, la autoridad lo debe hacer con responsabilidad y sensibilidad ya que muchas víctimas que sufren día a día este delito, podrían ser carne de cañón en una confrontación entre autoridades y delincuentes.
#AlMomento | El Pleno aprueba, con 474 votos a favor, el dictamen que reforma el artículo 73 de la Constitución, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de extorsión. Pasa al Senado de la República. pic.twitter.com/XIs7KfKYuF
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 9, 2025