Los dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) involucrados en la muerte del motociclista Cristofer “N”, de 21 años, fueron trasladados este jueves al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Ahí enfrentarán a un Juez de Control por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, respectivamente.
En contraste con la acusación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la defensa de los oficiales, encabezada por el abogado Javier Barrera, sostiene que el fatal disparo fue un acto imprudente y no un homicidio doloso, argumentando que el oficial implicado fue agredido momentos antes del suceso ocurrido el pasado martes 19 de agosto en la colonia Jardín Balbuena.
La versión de la defensa: una persecución que terminó en riña
Según el abogado Barrera, los hechos se desencadenaron cuando los oficiales, adscritos al sector Balbuena, identificaron en la colonia Morelos una motocicleta Yamaha que coincidía con un reporte de personas armadas. Al marcarles el alto, el conductor —Cristofer, quien iba con un acompañante— hizo caso omiso, iniciando una persecución a alta velocidad.
El seguimiento concluyó en el cruce de Fray Servando Teresa de Mier y Galindo y Villa, donde, según la defensa, los motociclistas se tornaron agresivos cuando los policías intentaron realizar la inspección. “Se logra apreciar que el policía accionó su arma, pero lo que la gente no sabe es que fue de forma imprudente”, declaró Barrera.
PADRE e HIJO PELEAN con POLICÍAS… y ACABA HIJO MUERTO
Cristopher y Dionisio Huerta.
Andaban en moto sin placas por @A_VCarranza
2 agentes de @SSC_CDMX buscaron detenerlos, pero así se agarraron a golpes.
Un agente disparó para alejarlos, pero le dio.@FiscaliaCDMX los indaga pic.twitter.com/rvHe2FMuey— Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 20, 2025
El abogado detalló su versión de los hechos: “Cuando él pretende resguardar su arma, recibe una patada del lado de la cabeza, lo que lo hace girar y, obviamente, por una reacción humana, sale el disparo. Nunca hubo la intención de privar de la vida al ahora occiso”.
Proceso judicial en marcha y hasta 50 años de prisión en juego
La Fiscalía capitalina determinó judicializar la carpeta de investigación al considerar que existen datos de prueba suficientes para formular la imputación. Por el delito de homicidio calificado, el Código Penal de la Ciudad de México establece una pena que podría ir de los 20 a los 50 años de prisión.
“En ningún momento estamos tratando de que quede impune el delito, claro que hay un hecho relevante (…) y se tiene que sancionar, pero no como pretende establecer la Fiscalía”, señaló el abogado. Reveló que su cliente se encuentra triste y preocupado, y admitió que el panorama es complejo debido a lo que considera una fuerte «presión social» sobre el caso.
En los próximos días se celebrará la audiencia inicial, donde un Juez de Control determinará si la detención de los uniformados fue legal y se dará paso a la formulación de imputación por parte del Ministerio Público.