El sector empresarial de México ha encendido las alarmas ante la más reciente actualización de la alerta de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos, emitida el pasado 12 de agosto. La principal causa de preocupación es la inédita inclusión del término «terrorismo» como un riesgo potencial en 30 entidades del país, una clasificación que, según líderes del sector, podría asestar un duro golpe a la industria turística nacional.
En un comunicado conjunto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) manifestaron que la medida es «desproporcionada» y «no refleja con precisión la situación de la mayoría de los estados mexicanos». Si bien reconocen los desafíos de seguridad, equipararlos con terrorismo, afirman, distorsiona la percepción internacional de México como destino.
Las cifras subrayan lo que está en juego: el turismo representa el 8.6% del PIB nacional y genera 4.9 millones de empleos, siendo las micro, pequeñas y medianas empresas las más vulnerables. Aunque el flujo de visitantes internacionales ha crecido un 7.3% en el primer semestre de 2025, los organismos empresariales ven con inquietud una disminución del 2.9% en la llegada de turistas por vía aérea, una señal de alerta que esta nueva advertencia podría agravar.
La preocupación se intensifica en estados como Guerrero, que ya se encontraba en el nivel 4 («No viajar»), la máxima advertencia. La prohibición explícita para empleados del gobierno estadounidense de visitar destinos clave como Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, ahora reforzada con la mención de terrorismo, amenaza con frenar en seco la recuperación económica local.
«Nos va a afectar en la economía y en el flujo de turistas internacionales», afirmó Jesús Zamora Cervantes, empresario restaurantero de Acapulco. Argumentó que la alerta generaliza injustamente, ya que en la zona costera no se han registrado ataques contra turistas. «Considero excesiva esta alerta, los hechos de violencia son aislados», defendió, pidiendo a las autoridades estadounidenses no dar generalidades.
Por su parte, Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Canaco-Servytur Acapulco, calificó la advertencia como «un refrito de información» que «carece de fundamentos», asegurando que existe una estrecha coordinación de seguridad en el estado.
Ante este escenario, el sector privado ha cerrado filas para exigir una respuesta contundente del Gobierno de México. Su propuesta incluye una estrategia coordinada de comunicación y relaciones públicas, una campaña internacional de promoción para reafirmar que los destinos son seguros y un plan de manejo de crisis enfocado en los mercados de Estados Unidos, Canadá y Europa.
La petición es clara: proteger la reputación de México, salvaguardar la seguridad de los visitantes y garantizar que una palabra no ponga en riesgo el sustento de millones de familias mexicanas.