El Senado de la República hizo oficial este martes la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en materia electoral, popularmente conocida como “Plan B”. Al alcanzar el respaldo de 19 congresos locales —superando la mayoría requerida—, las modificaciones a la Carta Magna han quedado listas para ser remitidas al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación y entrada en vigor.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, fue la encargada de informar a la Asamblea sobre la recepción del expediente proveniente de la Cámara de Diputados, consolidando así los cambios a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución.
Durante su intervención, Castillo Juárez destacó que esta reforma nace de la urgencia de erradicar los privilegios económicos en la función pública. “Deseo que esta declaratoria de validez constitucional sea reconocida como la culminación de un proceso democrático, federal y republicano orientado a poner a las instituciones al servicio del pueblo de México”, subrayó la senadora.
¿Qué significa el «Plan B» y cómo funciona en la práctica?
Para comprender el impacto real de esta reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 17 de marzo, es necesario traducirla en sus tres ejes fundamentales, los cuales buscan hacer más eficientes a las instituciones y destinar los ahorros a obras y programas sociales:
Tope salarial y fin de privilegios electorales (Artículo 134): Este es uno de los puntos de mayor impacto. A partir de la entrada en vigor de la reforma, los consejeros y magistrados del Instituto Nacional Electoral (INE), así como los titulares de tribunales locales, no podrán tener un salario mayor al de la Presidenta de la República. Además, se les prohíbe usar dinero público para pagarse seguros de gastos médicos mayores, seguros de separación, cajas de ahorro o pensiones privadas.
Ayuntamientos más compactos (Artículo 115): A nivel municipal, se pone un límite estricto a la burocracia. Los ayuntamientos de todo el país solo podrán contar con una sindicatura y un máximo de 15 regidurías. Esto deberá cumplirse garantizando siempre la paridad de género.
Freno al gasto de los congresos estatales (Artículo 116): Las legislaturas locales ya no podrán asignar presupuestos desproporcionados para su funcionamiento. La reforma fija un límite: el gasto de los congresos estatales no podrá exceder el 0.70% del presupuesto total de egresos de su respectiva entidad federativa.
El Senado también se aprieta el cinturón
La reforma predica con el ejemplo en el Poder Legislativo. Un artículo transitorio del proyecto obliga al propio Senado de la República a ajustar su presupuesto anual de manera progresiva. El objetivo es que, en un plazo de cuatro años, la Cámara Alta alcance una reducción acumulada del 15% en sus gastos.
Sesión plenaria de la Cámara de Senadores, del 14 de abril de 2026. https://t.co/ByohhliyHS
— Senado de México (@senadomexicano) April 14, 2026
El trámite legislativo, que se desarrolló de manera paralela con la declaratoria en la Cámara de Diputados bajo la conducción de la diputada Kenia López y el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, sella un proceso expedito.
Los estados que dieron luz verde a la iniciativa, muchos de ellos en sesiones extraordinarias, fueron: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México.