La tierra en el Rancho Izaguirre sigue revelando los horrores del crimen organizado. Durante una reciente diligencia encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), colectivos de búsqueda confirmaron el hallazgo de numerosos restos humanos, evidenciando que el predio no solo operaba como un centro de entrenamiento y reclutamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino como un sitio de exterminio y quema de cuerpos.
Integrantes de organizaciones como Guerreros Buscadores de Jalisco, Huellas de Amor, Luz de Esperanza y Manos Buscadoras ingresaron nuevamente a la zona cero. El punto más crudo de esta intervención fue la apertura de una fosa séptica conectada al baño del rancho, donde a escasos 80 centímetros de profundidad se localizaron molares, placas, fragmentos óseos y restos calcinados.
Hasta el momento, el procesamiento superficial del terreno reporta un avance del 75.56 por ciento. De las prendas e indicios recuperados, los peritos han logrado obtener entre 95 y 98 muestras únicas de ADN, mismas que ya permitieron la identificación genética de dos hombres, incluso a partir de fragmentos óseos muy pequeños.
Sin embargo, las agrupaciones advierten que la búsqueda está lejos de terminar. Se estima que en el predio existen puntos de interés donde las excavaciones tendrán que descender hasta los tres metros de profundidad para agotar las líneas de investigación.
Reclutamiento forzado y rescate de jóvenes
La intervención federal, coordinada por la fiscal especializada en desaparición forzada, Adriana Lizárraga, ha arrojado datos escalofriantes sobre la forma de operar en el Rancho Izaguirre. Según los indicios recuperados —que incluyen libretas con nombres y productos con fechas de caducidad de 2012—, el lugar funcionó durante años bajo una total impunidad.
Como resultado de las investigaciones y cateos en fincas relacionadas con este predio, las autoridades reportan la detención de 47 personas y el rescate de 70 jóvenes que habían sido víctimas de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.
El dolor de las madres y la negligencia institucional
El recorrido por el rancho estuvo marcado por la exigencia de justicia. La madre de Merari Noemí García Mejía relató cómo su hija fue engañada con una falsa oferta de trabajo de seguridad privada a través de una aplicación, para luego ser trasladada al lugar. «Es muy triste tener que entrar a un lugar donde sabes cómo descuartizaron, cómo le quitaron la vida a tu hijo… Un hueso, es lo único que pido», expresó con dolor.
A la tragedia se suma la denuncia por maltrato y opacidad institucional. Los colectivos señalaron directamente a las autoridades locales, denunciando años de omisiones por parte de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) de Jalisco y exigiendo la destitución de agentes del Ministerio Público, como Karen Velázquez, en Tequila, por frenar las investigaciones.
Ante el rezago estatal, la entrada de la FGR ha brindado un respiro de transparencia para las familias, quienes sentencian que no darán un paso atrás: «La tierra habla y no miente. Los trabajos continúan y volveremos a ingresar. No vamos a detenernos», advirtió el colectivo Guerreros Buscadores.