El sistema de justicia federal dictó auto de vinculación a proceso en contra de 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) implicados en el asesinato de las niñas Alexa y Leidy, de 7 y 11 años de edad, y por las lesiones causadas a otros cuatro integrantes de su familia. Los militares enfrentarán cargos por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, marcando un avance significativo frente a la impunidad en casos de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas.
Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, en el municipio de Badiraguato. Aquella tarde, la familia transitaba en una camioneta GMC Sierra negra rumbo a la escuela. Al encontrar el camino bloqueado, decidieron retornar. En ese momento, un convoy del 42.º Batallón de Infantería abrió fuego contra ellos en al menos 119 ocasiones, sin previo aviso ni justificación.
-Sinaloa-
13 Militares fueron vinculados a proceso por el asesinato de:
-Alexa de 7 años y Leidy de 11 años
Las menores fueron asesinadas el pasado 6 de mayo de 2025, cuando circulaban con su familia por la carretera en La Cieneguilla.
A los militares se les acusa de… pic.twitter.com/lQ4oK6rnsy
— Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) April 9, 2026
En las primeras horas tras la tragedia, circuló una versión oficial que apuntaba a un «fuego cruzado», sugiriendo un enfrentamiento entre militares y civiles armados. Sin embargo, los testimonios de los sobrevivientes desmintieron este hecho, confirmando que fue un ataque directo y unilateral.
El revés a la defensa militar
Durante la audiencia celebrada el pasado 6 de abril, la defensa de los militares —que incluyó a un representante de la Defensoría de Oficio Militar— intentó desestimar el dolo en la agresión. Argumentaron que los uniformados actuaron bajo un «estado de alerta y nerviosismo» derivado de la fuerte violencia que azota a Sinaloa por las pugnas internas del crimen organizado, y que confundieron el vehículo de la familia con el de presuntos delincuentes tras un altercado ocurrido semana y media antes.
El juez de control Josué Noé Egure Yáñez, con sede en Los Mochis, rechazó contundentemente esta justificación. La autoridad judicial determinó que existió dolo eventual, argumentando que los militares cuentan con el adiestramiento necesario en el uso de la fuerza y que la letalidad de accionar sus armas contra la batea descubierta de una camioneta —donde viajaban los menores a plena luz del día— era un resultado altamente previsible.
Reacciones y exigencia de justicia
La resolución ha resonado a nivel nacional. De acuerdo con información recabada por el diario El País, la agencia Quadratín y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) —organización que acompaña legalmente a las víctimas—, este caso exhibe las consecuencias más trágicas de los operativos castrenses.
“El caso de Leidy y Alexa pone rostro a los efectos más lesivos y dolorosos de la política de despliegue militar, sin controles efectivos, en contextos de alta vulnerabilidad y violencia”, señaló el Centro Prodh a través de un comunicado, exigiendo a las más altas autoridades garantías de no repetición.
Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, celebró el avance del proceso judicial, asegurando que demuestra la operatividad de las instituciones. “En una ocasión me preguntaron si iba a haber justicia, y sí, se está impartiendo justicia. Hoy hay personas procesadas […] aquí no hay impunidad”, declaró el mandatario, reiterando que su administración mantiene el acompañamiento integral a los deudos.
Con el auto de vinculación a proceso, la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa entran a la fase de investigación complementaria, la cual se extenderá hasta principios de julio para recabar las pruebas definitivas que sostendrán el juicio.