La tensión entre el Gobierno de México y organismos internacionales ha alcanzado un nuevo punto de ebullición. Luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, presidido por Juan Pablo Albán Alencastro, advirtiera sobre una crisis desbordada en el país con tintes de crimen de lesa humanidad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desestimó el documento. Calificó el informe como tendencioso, falto de rigor y con la orientación política de llevar a México ante el banquillo de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Sin embargo, mientras el debate diplomático acapara los titulares, la sociedad civil y los colectivos de madres buscadoras mantienen la mirada fija en el verdadero epicentro de la tragedia: el país arrastra un registro histórico de más de 132 mil personas no localizadas. Si el diagnóstico de este comité de expertos es rechazado por el gobierno, ¿cuál es entonces la ruta real y tangible para resolver la crisis de desaparición y el rezago forense en el país?
La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a cuestionar el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al señalar que no consideró información actual ni observaciones del gobierno.
Asegura que se usaron datos de 2009 a 2017 para proyectar hasta 2025.
Critica que… pic.twitter.com/yRW9Jy7FA1
— Azucena Uresti (@azucenau) April 7, 2026
La respuesta del Estado: Instituciones, presupuesto y búsqueda
Lejos de estar «cruzados de brazos» o de que el Estado se encuentre «rebasado» —como sugiere el CED—, el gobierno federal sostiene que la estrategia para frenar esta herida nacional se basa en un rediseño institucional profundo y en la inyección de recursos.
La hoja de ruta gubernamental para resolver la crisis se sostiene sobre pilares concretos que, acusa la administración, fueron omitidos en el informe internacional. En primer lugar, se destaca el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y el incremento del presupuesto destinado a la identificación forense, un cuello de botella histórico. La meta es acelerar el procesamiento de los miles de cuerpos no identificados que reposan en las morgues del país, trabajando directamente de la mano con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos —con quien el gobierno sí mantiene una estrecha colaboración técnica— y diversas organizaciones de la sociedad civil.
Además, la estrategia legal se ha endurecido. La presidenta recordó la reciente reforma de 2025 a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, un andamiaje jurídico diseñado para agilizar los protocolos de búsqueda inmediata, brindar esquemas nuevos de comunicación con los colectivos y penalizar con mayor severidad cualquier omisión.
El origen del mal: Separar al Estado del crimen organizado
Para comprender cómo planea el gobierno resolver el problema, primero exige que se diagnostique correctamente al perpetrador. El núcleo del rechazo al informe de la ONU radica en la categorización de «crimen de lesa humanidad», una etiqueta que, en el derecho internacional, requiere la participación directa y sistemática del Estado.
El gobierno federal traza una línea divisoria clara. Se reconoce que la desaparición forzada desde el aparato estatal fue una política real durante la época de la «Guerra Sucia», pero se afirma categóricamente que hoy el Estado no solapa, ni permite, ni ordena estas prácticas. Actualmente, la inmensa mayoría de las desapariciones, secuestros y reclutamientos forzados son cometidos por células de la delincuencia organizada, una crisis heredada y exacerbada desde la guerra contra el narcotráfico iniciada en sexenios anteriores.
La solución del gobierno pasa por combatir frontalmente a estos grupos criminales, al mismo tiempo que se depuran las instituciones de seguridad. Para demostrar que hay cero impunidad, el Ejecutivo pone como ejemplo los procesos judiciales abiertos contra exservidores públicos, como el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, vinculado a proceso por este delito. «Si llega a ocurrir la desaparición de una persona por una autoridad del Estado debe ser sancionada, pero no es una orden de ninguna institución», precisó Sheinbaum.
Verdad, justicia y el próximo paso
El gobierno insiste en que las cifras y el análisis del CED están sesgados al extrapolar datos de cuatro estados (Coahuila, Veracruz, Nayarit y Jalisco) entre 2009 y 2017 para juzgar la realidad de 2025 y 2026. Ante esto, las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE) alistan una exhaustiva conferencia técnica. En ella, con rigor académico, científico y jurídico, desmenuzarán párrafo por párrafo por qué el informe falla en su metodología.
Mientras la diplomacia sigue su curso, en el territorio nacional la urgencia no da tregua. La promesa gubernamental se mantiene en pie para las miles de familias que escarban la tierra: consolidar las herramientas tecnológicas forenses, castigar a la delincuencia organizada, purgar a las autoridades coludidas y garantizar que la crisis encuentre su salida a través de la verdad y la justicia. El Estado asegura que las puertas a la cooperación técnica internacional están abiertas, siempre y cuando estas partan de realidades y no de sentencias políticas preconcebidas.
Créditos y fuentes documentales:
Esta nota fue elaborada a partir del análisis y la cobertura periodística de: Sharon Mercado y Eduardo Dina (El Universal); Emir Olivares y Alma E. Muñoz (La Jornada); Joseph Na’a (Excélsior); Karina Vargas (Reporte Índigo); Zedryk Raziel (El País); Dalila Escobar (Proceso); El Financiero; DW; IMER Noticias; y N+.