Fotografía: Dependencias federales han recolectado casi 900 toneladas de hidrocarburo y la creación de un nuevo ente de monitoreo. Crédito de la imagen a Fluvio César Martínez, corresponsla de La Silla Rota.
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El descontento social por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México ha escalado a las calles. Este domingo 5 de abril, bajo la consigna «Marcha por el mar y la laguna», cientos de habitantes, pescadores y prestadores de servicios de los municipios de Pajapan, Mecayapan y Tatahuicapan se movilizaron en el sur de Veracruz para exigir una solución definitiva ante la llegada de crudo que ha paralizado su economía desde principios de marzo.

Con pancartas que mostraban imágenes de fauna marina afectada y denunciaban un «ecocidio», el contingente marchó hacia Playa Linda, una de las zonas más castigadas por el desastre. Las exigencias de las comunidades nahuas y nuntajiiyi son contundentes: limpieza profunda y continua, monitoreo constante para evitar la llegada de nuevas manchas traídas por los frentes fríos, transparencia total sobre el origen del derrame e indemnizaciones justas para los sectores productivos que se quedaron sin sustento.

A la movilización en la sierra se sumó una convocatoria paralela en el puerto de Veracruz, respaldada por más de 50 organizaciones y colectivos ambientales como el Corredor Arrecifal del Golfo, quienes advierten que el impacto sistémico del hidrocarburo refuta las versiones de que se trata de un incidente menor.

Especialistas como Manuel Llano, director de CartoCrítica —en declaraciones previas para Aristegui en Vivo—, señalan que el origen del evento está directamente ligado a la fuga de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) y no a emanaciones naturales, documentando mediante imágenes satelitales que las afectaciones abarcan al menos 933 kilómetros de costa.

La respuesta del Grupo Interinstitucional

En medio de los reclamos ciudadanos, el Grupo Interinstitucional (GI) —conformado por la Semar, Semarnat, Pemex, Profepa y Secihti, entre otras dependencias— anunció la creación de un Observatorio Permanente para el monitoreo ambiental y climático en la región.

Este modelo colaborativo, en el que participarán instituciones académicas como la UNAM, la Universidad Veracruzana y el ECOSUR, utilizará boyas oceanográficas, mareógrafos, tecnología satelital y modelos predictivos para generar información en tiempo real sobre la biodiversidad y los riesgos industriales en el Golfo de México.

A la par de este anuncio, las autoridades federales defendieron la magnitud del operativo desplegado en los litorales de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. El GI reportó que más de 3 mil 145 elementos trabajan en labores de contención, logrando hasta el momento la recolección manual y mecánica de 894.2 toneladas de hidrocarburo. De las 48 playas que están bajo atención y vigilancia, el gobierno asegura que 32 ya se encuentran libres de contaminantes.

Para intentar mitigar el severo impacto económico en las comunidades costeras, dependencias como Conapesca y Pemex anunciaron una inversión superior a los 50 millones de pesos a través del programa Bienpesca, entregas de combustible y la contratación temporal de cientos de pobladores para las tareas de recolección en las playas. Sin embargo, para los habitantes que hoy se manifiestan, las acciones institucionales aún resultan insuficientes para resarcir el daño de fondo en sus ecosistemas y formas de vida.


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