Con el dolor a cuestas y la esperanza de encontrar a sus seres queridos, madres y familias buscadoras enfrentan un doble obstáculo en Jalisco: la apatía de la sociedad y la represión de las autoridades. Este domingo 5 de abril, durante una mega jornada de pega de fichas en el Parque Rojo, elementos de la Policía de Guadalajara hostigaron y grabaron a los activistas, priorizando la protección del mobiliario urbano sobre el derecho a la memoria y la búsqueda.
A través de sus redes, la plataforma tomando_espacios denunció la actitud de los uniformados, quienes bajo el grito de “¡ahí no!”, impidieron que las familias colocaran las cédulas de búsqueda en los postes. Los activistas tuvieron que caminar varias cuadras lejos del parque para continuar su labor, seguidos en todo momento por policías que los grababan. A esta intimidación institucional se sumó la indolencia social, cuando un transeúnte les gritó: «¡No hagan basura!».
«Es indignante y desgarrador que, mientras madres buscan a sus hijos, otros revictimicen su lucha», señalaron los denunciantes, tras una jornada en la que 79 personas, incluyendo a seis nuevas familias, lograron pegar alrededor de 3 mil 500 fichas de búsqueda.
Instituciones rebasadas y el fantasma del reclutamiento
El acoso policial ocurre en un contexto de colapso institucional. Liliana, madre que busca a su hijo desde hace dos años y medio, relató el calvario judicial: “Hay muy poco personal, muy pocos investigadores, muy pocos MPs. Están rebasados en carpetas. Hay presupuestos para muchas otras cosas, pero menos para esto”.
La parálisis gubernamental choca de frente con la operatividad del crimen organizado. Especialistas y activistas advierten que, a más de un mes de la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el reclutamiento forzado de jóvenes (desde los 13 hasta los 29 años) se ha consolidado como una «industria criminal estructurada». Engañados mediante falsas ofertas laborales o promesas de becas en redes sociales, los jóvenes son llevados a campamentos clandestinos para realizar labores armadas, logística o trabajo agrícola ilícito.
Cifras que ocultan la realidad
A nivel nacional, el panorama no es más alentador. Recientemente, el Gobierno de México reconoció la existencia de más de 130 mil personas desaparecidas. Sin embargo, para los colectivos, este enfoque estadístico minimiza la tragedia.
En entrevista para Infobae México, Héctor Flores, integrante del Colectivo Luz de Esperanza, expresó el rechazo de las familias hacia la narrativa oficial: “Basan la crisis solo en cifras, en números, en carpetas, y se nos hace muy inapropiado; no demuestra la realidad del país”.
Ante este escenario de impunidad, indolencia y represión policial, las familias buscadoras han anunciado una escalada en sus protestas de cara al Mundial de 2026. Las acciones, que buscan visibilizar la crisis a nivel internacional, comenzarán el próximo mes de junio con movilizaciones en la Ciudad de México y la reinstalación de memoriales vandalizados, dejando claro que, para ellas, no hay justicia sin memoria.