Con el objetivo de brindar mayor certeza jurídica y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) que busca flexibilizar el mecanismo de garantías para los contribuyentes que enfrentan créditos fiscales.
Actualmente, el artículo 141 del CFF establece un esquema rígido. Cuando un ciudadano o empresa mantiene un litigio con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y necesita garantizar el interés fiscal (el derecho de la autoridad a cobrar el impuesto), la ley obliga a seguir un estricto orden de seis modalidades: billete de depósito, carta de crédito, prenda, fianza, obligación solidaria de un tercero y, finalmente, el embargo en la vía administrativa. Bajo este esquema, el contribuyente está forzado a agotar su capacidad económica en la primera opción antes de poder combinarla con las siguientes, debiendo comprobar su imposibilidad financiera paso a paso.
Actualmente, el artículo 141 del código prevé que, cuando exista un crédito fiscal, en tanto se desarrolla un eventual litigio, los contribuyentes deben garantizar el interés fiscal conforme a un orden obligatorio con seis medidashttps://t.co/w0rfo2I5Y3
— La Jornada San Luis (@JornadaSanLuis) March 19, 2026
Libre elección para el contribuyente
La propuesta del Ejecutivo federal plantea eliminar este orden obligatorio. De aprobarse la reforma, los contribuyentes tendrán la libertad de elegir cuál de las seis formas de garantía presentar ante el SAT, optando por la que mejor se adapte a su situación patrimonial y económica en ese momento.
En la exposición de motivos, Sheinbaum argumentó que recuperar la versatilidad de este catálogo facilitará los trámites, al liberar a las personas de la obligación de acreditar su capacidad económica de forma escalonada.
“La certeza jurídica sobre la cantidad líquida a garantizar y sobre el proceso a seguir para constituir la garantía reduce la litigiosidad y fortalece la confianza en el sistema tributario como un todo”, destaca el documento, subrayando que el Estado no busca cambiar el fin de la recaudación, sino encontrar el medio más idóneo y menos perjudicial para lograrlo.
Condiciones que se mantienen
La iniciativa aclara que se mantiene vigente la obligación de que la garantía cubra los adeudos actualizados, los recargos causados y los que se generen en los 12 meses siguientes. Si el crédito no se cubre en ese lapso, el importe deberá actualizarse anualmente.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, la propuesta fue bien recibida por la bancada mayoritaria. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena, aseguró que esta medida es un paso fundamental para fortalecer la seguridad jurídica y generar un clima favorable para la inversión productiva en el país.
“Se otorga un esquema de mayor flexibilidad para los contribuyentes, permite que elijan el mecanismo que mejor se adapte a su situación y contribuye a disminuir la presión fiscal indirecta que enfrentan las empresas, particularmente en contextos donde los créditos son impugnados”, detalló el legislador.