Tras no alcanzar la mayoría calificada para aprobar su propuesta original en la Cámara de Diputados la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha desinflado el tono de confrontación con sus aliados y anunció un replanteamiento de su estrategia legislativa. La mandataria destacó que será este martes 17 de marzo cuando presentará formalmente el «Plan B» de la reforma electoral ante el Congreso de la Unión, una iniciativa que ya cuenta con el «respaldo total» de las cúpulas de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En su conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum Pardo fue cautelosa frente al triunfalismo de las dirigencias partidistas que celebraron el acuerdo en la Secretaría de Gobernación este domingo. Aclaró que, si bien hay consenso, este se limita principalmente a dos ejes rectores: limitar los presupuestos de los Congresos locales y reducir el gasto destinado a los cabildos mediante el recorte de regidurías.
Respaldo total al Plan B de la Presidenta de México, @Claudiashein. pic.twitter.com/0kq17vrhGO
— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) March 16, 2026
El destino de los ahorros: servicios y obra pública
El objetivo central de este Plan B es generar un ahorro aproximado de 4,000 millones de pesos. De acuerdo con la titular del Ejecutivo, estos recursos no serán absorbidos por la Federación, sino que serán reorientados de manera directa a los estados y municipios para mejorar los servicios públicos.
“El objetivo es que [el recurso] no se vaya a pagar a un regidor, sus bonos, sus beneficios, sus camionetas y sus asesores, sino que se vaya para bachear, para obra pública, agua potable y drenaje”, detalló la presidenta.
Para justificar la medida, Sheinbaum expuso las profundas disparidades financieras que existen actualmente en los órganos legislativos locales. Señaló como un «exceso» que congresos con el mismo número de diputados (25) tengan presupuestos abismalmente distintos, ejemplificando que en Baja California el costo por legislador ronda los 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima es de apenas 5.1 millones. Además, apuntó a la burocracia desmedida en cabildos de ciudades como Monterrey y Puebla, que operan con 28 y 23 regidores, respectivamente.
Privilegios partidistas, una batalla en pausa
El nuevo documento, cuya redacción final será revisada la tarde de este lunes junto a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, deja fuera los temas que fracturaron a la coalición oficialista durante la votación del «Plan A». Entre las medidas descartadas en esta ronda se encuentran la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y la eliminación de la lista para diputaciones plurinominales.
Cuestionada sobre la negativa del PT y el PVEM a apoyar estas reducciones en la iniciativa original, la mandataria delegó el juicio a la ciudadanía: “Es su posición y eso lo valora el pueblo”. No obstante, advirtió que no quitará el renglón de la agenda de austeridad partidista. “Nosotros vamos a seguir insistiendo en que debe haber una reducción de privilegios para los partidos. Ahora a lo mejor no se puede, pero después a lo mejor sí”, sentenció.
Asimismo, se prevé que el Plan B incluya ajustes en los mecanismos de participación ciudadana, como adelantar la revocación de mandato para empatarla con los comicios de 2027 y someter a consulta popular temas electorales.
Choque de posturas en el escenario político
El inminente envío del Plan B ya resuena en las mesas de debate político. Mientras el bloque oficialista defiende la austeridad en lo local, la oposición acusa una cortina de humo.
El diputado panista Héctor Saúl Téllez advirtió que la reducción de regidores representa una amenaza a los contrapesos institucionales, argumentando que debilitará la fiscalización sobre los presidentes municipales y afectará la pluralidad. Por su parte, el legislador priista Rubén Moreira minimizó el impacto de los 4 mil millones de pesos proyectados como ahorro, contrastándolos con los sobrecostos de megaproyectos federales como el Tren Maya, y acusó que la iniciativa solo busca polarizar el clima de cara a las elecciones de 2027.
En defensa del proyecto, la diputada morenista Gaby Jiménez sostuvo que el Plan B busca corregir asimetrías ilógicas en los salarios de diputados locales —que en ocasiones superan a los de los legisladores federales— y negó que exista dedicatoria política, pues la reducción de regidores afectará a todas las fuerzas por igual.
El escenario queda listo para que el martes 17 de marzo, las cámaras reciban el documento que definirá las nuevas reglas de austeridad política en el país.
CRÉDITOS Y FUENTES INFORMATIVAS:
Reporte elaborado con información de: Ernesto Núñez (El País), Lidia Arista (Política Expansión), Eduardo Dina y Pedro Villa y Caña (El Universal), Bryan Rivera González (UnoTV), Ana Karen Celaya (El Imparcial), Raúl Mendoza (El Heraldo de México), Mijael Mendoza (Polemón), Yareth Arciniega Villa (Fortuna Negocios y Finanzas) y Alexa Cirel (Infobae).