En un entorno marcado por la alta volatilidad de los mercados energéticos internacionales y la escalada bélica en Medio Oriente, el Gobierno de México y el sector empresarial gasolinero acordaron este miércoles la renovación semestral de la «Política Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina en Beneficio del Pueblo de México». El acuerdo garantiza que el precio del litro de gasolina regular se mantenga por debajo de la barrera psicológica y económica de los 24 pesos.
Durante un encuentro celebrado a puerta cerrada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la firma de esta ratificación, la cual cuenta con la adhesión voluntaria del 96 por ciento de las estaciones de servicio que operan en el territorio nacional.
“Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96 por ciento de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro”, destacó la mandataria a través de sus redes sociales, enviando un mensaje de certidumbre frente a la amenaza inflacionaria que azota a otras naciones.
La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, subrayó la funcionalidad del pacto que entró en vigor hace poco más de un año (en febrero de 2025) y que, gracias al diálogo permanente con los grupos empresariales, ha permitido mantener los precios dentro de parámetros adecuados para la operación del sector sin asfixiar el bolsillo de los consumidores.
Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro. pic.twitter.com/yG33VI6yOX
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 11, 2026
El escudo frente a la tormenta en Medio Oriente
La renovación de este acuerdo en Palacio Nacional no se da en un vacío. Acelerar este pacto fue una respuesta directa a los efectos del conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán, el cual estalló a finales de febrero. La guerra ha paralizado de facto el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital que conecta el Golfo Pérsico con los mercados internacionales y por la que transitaban más de 20 millones de barriles diarios de petróleo y sus derivados.
Los ataques a buques petroleros han dejado a millones de barriles varados, generando un nerviosismo palpable en los mercados internacionales. Aunque los recientes comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una pronta resolución han intentado calmar las aguas, los ataques continúan. Como reflejo de esta incertidumbre, el barril de West Texas Intermediate (WTI) cotiza en 87.80 dólares, mientras que el referente europeo Brent se comercializa en 92 dólares. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, se cotizó este martes en 77.5 dólares por barril, mostrando un ligero descenso luego de haber rozado los 90 dólares al inicio de la semana.
La gravedad de la crisis internacional es tal, que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció este mismo miércoles la liberación de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, una medida histórica sin precedentes que busca evitar un colapso energético global. Es en este agitado mar donde la economía mexicana intenta anclar sus precios.
La mecánica del acuerdo: ¿Subsidio o estrategia mayorista?
Una de las interrogantes más grandes alrededor de este tope de precios (fijado exactamente en 23.99 pesos para la gasolina Magna) es su financiamiento y viabilidad a largo plazo. Al salir de la reunión, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue categórico al afirmar que no existen subsidios gubernamentales directos implícitos en la venta final de la gasolina.
El mecanismo recae, en gran medida, en una estrategia mayorista. Pemex ha implementado un precio nacional en sus Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) para la gasolina regular, permitiendo un margen de maniobra comercial. El plan busca que exista un diferencial razonable de hasta dos pesos entre el precio mayorista y el precio al público, garantizando el suministro a un costo tope.
Sin embargo, el Gobierno federal tiene otro as bajo la manga para sostener la contención tarifaria: el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Ante el encarecimiento de importación, el Gobierno evalúa aplicar un subsidio indirecto vía un menor cobro de este impuesto. El anuncio detallado sobre este descuento fiscal será dado a conocer este viernes por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dirigida por Edgar Amador Zamora.
Esta válvula de escape fiscal busca atajar la escalada inflacionaria nacional, que actualmente ronda el 4 por ciento, aunque su implementación supondría un sacrificio en la recaudación del Estado.
El acuerdo es exclusivo para la gasolina regular (Magna). Los combustibles Premium (conocida como roja) y el diésel operarán bajo libre cotización. Rodríguez Padilla justificó esta decisión señalando que el mercado de la gasolina Premium «es muy chiquito» y que el perfil de consumo es distinto, priorizando los esfuerzos del Estado en el hidrocarburo de consumo masivo. Actualmente, en promedio, el combustible Premium ronda los 25.8 pesos y el diésel los 27.7 pesos por litro.
La postura del sector privado y los riesgos en el horizonte
El respaldo empresarial ha sido crucial. Decenas de consorcios plasmaron su firma en el documento, entre ellos gigantes de la distribución como Servifácil, Valores ABC, Glencore, G500, OXXO Gas, Grupo Hidrosina, Valero, Grupo Orsan, y Corporativo Lodemo.
Eugenio del Valle, director general de Servifácil, acudió en representación del sector productivo y enfatizó que el diálogo con el gobierno es la «base fundamental para avanzar en soluciones que beneficien al país». Por su parte, Enrique Félix Robelo, presidente de Onexpo Nacional (la unión de asociaciones de gasolineros más grande de México), confirmó que «todo el sector gasolinero se adhirió al acuerdo» y descartó, por el momento, pérdidas para la industria. “Existen los mecanismos para poder sostener y aguantar las presiones que ha habido a nivel mundial”, aseguró, depositando su confianza en la responsabilidad de Hacienda para aplicar los estímulos del IEPS.
A pesar del optimismo oficial, voces expertas del sector energético advierten sobre los riesgos de esta contención. Existe la preocupación de que, al forzar este tipo de acuerdos, Pemex sacrifique demasiados recursos y presione a otros importadores privados que no gozan de las mismas condiciones operativas. Esto podría derivar en una compresión severa de los márgenes de ganancia e, incluso, generar reconfiguraciones en las vías de suministro o interrupciones temporales en algunas estaciones de servicio.
El fantasma de la escasez de gasolina regular es otro factor de riesgo si la crisis en Medio Oriente se prolonga, lo que podría orillar a los automovilistas a consumir la gasolina Premium, no sujeta a este control de precios.
A un año exacto de su implementación original (el 15 de febrero de 2025), la estrategia de tope tarifario se ha consolidado como la política insignia de la administración de Sheinbaum para proteger el poder adquisitivo. Con la firma de este miércoles, autoridades y empresarios aseguran contar con el blindaje necesario para navegar los próximos seis meses, apostando a que la estabilidad interna sea más fuerte que la incertidumbre global.
Créditos y Fuentes Consultadas para la elaboración de este reporte:
Información sintetizada a partir de los despachos informativos y reportes de: Salvador Corona y Pedro Villa y Caña (El Universal); Karina Suárez (El País); Aristegui Noticias y Agencia EFE; Karina Vargas (Reporte Índigo); Laura Ponce (La Silla Rota); Eje Central; Jimena Campuzano y Arturo Páramo (Excélsior); y Yulia Bonilla (La Razón).