El Senado de la República dio el primer paso definitivo para eliminar las denominadas “pensiones doradas” en la administración pública. Por unanimidad, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron la reforma al artículo 127 constitucional, la cual establece que ningún exfuncionario de empresas del Estado podrá percibir una jubilación superior al 50% del salario de la persona titular del Ejecutivo Federal.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, impactará directamente a los altos mandos de organismos descentralizados, fideicomisos y empresas estatales como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera y la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Con la entrada en vigor de la modificación, jubilaciones que actualmente oscilan entre el medio millón y el millón de pesos mensuales se reducirán a un tope aproximado de 70 mil pesos.
Las y los integrantes de estas comisiones analizaron un dictamen en materia de pensiones de servidores públicos. https://t.co/zuKyU6chP4 pic.twitter.com/sgWAJBn6XV
— Senado de México (@senadomexicano) March 10, 2026
De acuerdo con el bloque mayoritario de Morena, la medida representa un acto de justicia social que generará un ahorro anual de 5 mil millones de pesos al erario. El senador Pável Jarero defendió el dictamen señalando que busca desmantelar una estructura de privilegios construida en administraciones pasadas, contrastando estas cifras con la pensión promedio en México, que ronda apenas los 7 mil pesos.
Respaldo opositor con reservas técnicas
A pesar del intenso debate político, las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron a favor del dictamen, coincidiendo en la urgencia de erradicar los pagos exorbitantes. Sin embargo, lanzaron fuertes críticas sobre la viabilidad técnica y legal del documento.
El coordinador panista, Ricardo Anaya, calificó las pensiones actuales como «absolutamente escandalosas», pero advirtió que fijar el tope con base en el sueldo presidencial es un «disparate jurídico», ya que este depende de decisiones políticas anuales. En su lugar, Acción Nacional propuso que el límite se establezca en Unidades de Medida y Actualización (UMA), tal como ocurre en el IMSS y el ISSSTE, para garantizar estabilidad frente a la inflación.
Por su parte, la senadora priista Carolina Viggiano cuestionó la aplicación retroactiva de la ley, alertando sobre posibles violaciones a los derechos humanos y contratos previos. Además, minimizó el impacto del ahorro proyectado, argumentando que los 5 mil millones recuperados equivalen apenas a lo que Pemex pierde en 16 días de operación.
La reforma, que excluye de este tope a las Fuerzas Armadas y a las pensiones de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido turnada a la Mesa Directiva y será discutida ante el pleno del Senado este miércoles, donde se anticipa su aprobación definitiva para ser enviada a la Cámara de Diputados.