Lo que comenzó como una defensa contra un inminente golpe a la economía de las familias jaliscienses se ha transformado en una exigencia estructural por el derecho a la movilidad. Tras lograr que el gobierno estatal diera marcha atrás al incremento del transporte público a 14 pesos, la sociedad organizada ha dejado claro que la victoria es un gran paso, pero la lucha no ha terminado: el objetivo final es regresar la tarifa a 9.50 pesos.
Bajo la consigna «¡Tu tarifa es ilegal!», la Asamblea Popular contra el Tarifazo Jalisco y el colectivo Movilidad Pa’ la Raza han convocado a una Mega Marcha este próximo sábado 14 de marzo de 2026. La concentración está programada a las 15:00 horas, partiendo de la Glorieta de la Normal con destino final en las instalaciones de la Secretaría de Transporte.
La exigencia: Fuera Monraz y fin al contrato con Broxel
El pasado jueves 5 de marzo, la administración del gobernador Pablo Lemus Navarro cedió ante las intensas protestas, amparos y asambleas ciudadanas. El gobierno estatal anunció que la tarifa base quedaría en 11 pesos y canceló la obligatoriedad de la «Tarjeta Única al Estilo Jalisco», respaldada por la financiera Broxel, la cual pretendía cobrar al erario público por plástico activado y condicionaba el acceso a subsidios y programas sociales.
Sin embargo, para los colectivos, activistas y ciudadanos, los 11 pesos siguen representando un «tarifazo» disfrazado. Argumentan que el proceso aplicado por el comité tarifario para calcular este aumento fue una «puesta en escena» ilegal para legitimar acuerdos opacos entre el gobierno, los concesionarios y la empresa financiera.
Por ello, la movilización de este sábado tiene tres demandas innegociables:
El transporte como derecho, no como negocio
El triunfo ciudadano que evitó los 14 pesos y eliminó la exclusividad bancaria para el subsidio estudiantil (el cual se mantiene en 5 pesos) tuvo fuertes cimientos jurídicos, como los amparos promovidos por el Frente de Organizaciones contra el Tarifazo. No obstante, la crisis estructural persiste.
La discusión de fondo apunta a desmantelar el modelo de concesiones privadas o «ruta-empresa», el cual, denuncian, prioriza el negocio sobre el usuario, resultando en unidades saturadas, malas frecuencias de paso y un adeudo histórico de más de 1,500 millones de pesos por las «alcancías rateras» que no devuelven cambio.
Desde el ámbito legislativo, fracciones de oposición ya plantean un Plan Alternativo de Movilidad que busca estatizar el sistema, demostrando que la presión en las calles de Jalisco está obligando a replantear la forma en que se concibe el transporte público: como un derecho constitucional inalienable y no como una mercancía.