El comercio bilateral entre Ecuador y Colombia ha recibido un nuevo y contundente golpe. El Gobierno ecuatoriano, encabezado por Daniel Noboa, anunció a través del Ministerio de Producción que a partir del próximo 1 de marzo el arancel a los productos procedentes de Colombia se incrementará del 30% al 50%. La justificación de Quito se centra estrictamente en «criterios de seguridad nacional», desatando alarmas sobre el futuro económico de la región andina.
Las autoridades ecuatorianas señalaron que la drástica medida responde a la «falta de implementación de medidas concretas y efectivas» por parte del gobierno de Gustavo Petro para frenar el crimen organizado y el narcotráfico en los 600 kilómetros de frontera que comparten ambas naciones. Ecuador argumenta que se ve en la obligación de adoptar «acciones soberanas» para forzar la corresponsabilidad de Bogotá en una zona históricamente asediada por guerrillas, tráfico de drogas y minería ilegal.
Una escalada de represalias
Esta nueva imposición arancelaria es el capítulo más reciente de una guerra comercial que estalló el pasado enero, cuando Noboa fijó una «tasa de seguridad» inicial del 30%. La respuesta de Colombia no se hizo esperar: aplicó el mismo porcentaje a 23 partidas arancelarias ecuatorianas correspondientes a bienes agrícolas, alimenticios e industriales.
El conflicto rápidamente trascendió lo comercial. Colombia suspendió la vital venta de electricidad a un Ecuador golpeado por una profunda crisis energética, mientras que Quito contraatacó elevando en un 900% la tarifa para transportar crudo colombiano a través de su oleoducto. A pesar de que la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, aseguró recientemente que el diálogo no está roto y que la comunicación diplomática se mantiene, los hechos en la frontera demuestran lo contrario.
Impacto económico y alerta empresarial
Las consecuencias de esta fricción política trasladada al terreno comercial amenazan con desestabilizar un intercambio bilateral que suma cerca de 3.000 millones de dólares anuales.
COMUNICADO | A la ciudadanía: Aumenta la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia al 50%. pic.twitter.com/sxwjtYdDjt
— Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (@SENAE_Aduana) February 26, 2026
Los gremios productivos de ambas naciones han alzado la voz. En un comunicado conjunto, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) advirtieron que mezclar la política de seguridad con la comercial «no ataca el problema de fondo, sino que abre otros problemas con grandes consecuencias».
En Ecuador: La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) estima que el impacto económico es de aproximadamente 5,25 millones de dólares semanales, poniendo en riesgo a unas 580 empresas y alrededor de 40.000 empleos directos.
En Colombia: La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) y Acoplásticos advierten de un encarecimiento masivo de insumos. Solo en el sector plástico colombiano, están en juego 250.000 puestos de trabajo directos y exportaciones por 2.000 millones de dólares. Diversos productos ya se encuentran represados en bodegas de Tulcán por la imposibilidad de cruzar la frontera.
Llamado urgente de la comunidad andina
La gravedad de la situación obligó a los órganos del Sistema Andino de Integración (SAI) —incluyendo la Secretaría General de la CAN y el Parlamento Andino— a emitir un pronunciamiento conjunto este jueves. Las instituciones manifestaron su «profunda preocupación» por el daño al tejido socioeconómico regional y exigieron a los mandatarios encontrar una solución negociada que respete los compromisos internacionales.
Mientras ambos gobiernos exigen condiciones previas para sentarse a negociar —Quito pide erradicación de coca y restitución de energía; Bogotá exige el fin de los aranceles—, el reloj avanza hacia el 1 de marzo. La falta de un acuerdo técnico y diplomático amenaza no solo la economía, sino la viabilidad del propio bloque andino en uno de sus momentos más críticos.
Fuentes y Créditos de la Información:
Esta nota fue elaborada a partir de reportes y despachos informativos de: Carolina Mella y Juan Esteban Lewin (El País); Juan Escobar Fernández (Infobae); Oscar Fernando Murillo Mojica (Extra); Agencias EFE, AFP y DW; Diario La Libertad y El Economista.