La trágica muerte de dos niñas migrantes de origen haitiano, de apenas seis años de edad, al interior del Centro de Asistencia Social “Casa Pato”, ha desatado una ola de indignación nacional e internacional. Las menores, que se encontraban bajo el resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, perdieron la vida al caer en una fosa séptica que carecía de tapas de seguridad, un hecho que organizaciones defensoras de derechos humanos han calificado tajantemente como «negligencia institucional y omisión de cuidados».
Ante la gravedad del caso, agencias de las Naciones Unidas —incluyendo la ACNUR, OIM y UNICEF— emitieron un pronunciamiento conjunto exigiendo una investigación exhaustiva y transparente. Las dependencias internacionales ofrecieron apoyo técnico al Estado mexicano para salvaguardar la vida y dignidad de las infancias migrantes, recordando que los refugios deben ser espacios seguros y no trampas mortales.
ACNUR pide apoyo urgente para mantener la protección de las personas refugiadas y la reintegración de retornados en Burundi. https://t.co/sM1AGFjYQN
— ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados (@ACNUR_es) February 26, 2026
Detenciones y reclamos políticos
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó la detención de una tercera persona implicada. Se trata del jefe del Departamento de Servicios Generales del albergue, identificado con las iniciales E.J.B.Z., quien se suma a dos directivas presentadas previamente ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades por las omisiones en la infraestructura del recinto.
Sin embargo, para la sociedad civil y actores políticos, las detenciones operativas no son suficientes. Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, la legisladora federal Margarita García (PT) lanzó un duro reclamo exigiendo la destitución de Irma Bolaños Quijano, esposa del gobernador Salomón Jara y presidenta honoraria del DIF de Oaxaca. «Vete a tu casa (…) Oaxaca hoy pide a gritos que se acabe esta maldita primavera con funcionarios cínicos y negligentes», sentenció la diputada.
«Migrar no debe costar la vida»
El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), junto con colectivas locales como el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” y Consorcio Oaxaca, recordaron que el Estado mexicano tiene la obligación internacional de garantizar la integridad de las personas en situación de movilidad.
Las organizaciones exigieron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brindar reparación integral del daño a la madre de las menores, así como acompañamiento psicológico y servicios de traducción al creole haitiano. Asimismo, demandaron una inspección exhaustiva e inmediata en todos los Centros de Asistencia Social del país para evitar que una tragedia similar, como la ocurrida en la estación migratoria «Las Agujas» en 2019, se vuelva a repetir.