Bajo la falsa bandera de un avance histórico, la clase política asestó un duro golpe a los derechos laborales en México. Este lunes 23 de febrero de 2026, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social en el Palacio Legislativo de San Lázaro, aprobaron con 61 votos a favor el dictamen para reducir la jornada laboral a 40 horas. Sin embargo, la redacción final del documento representa una profunda traición a la clase trabajadora: mantiene la obligación de un solo día de descanso, aplaza el beneficio real hasta el año 2030 y, en la práctica, abre la puerta para que el empleado trabaje más por menos dinero.
Desde este espacio informativo, manifestamos nuestro más enérgico repudio institucional frente a una reforma que desvirtúa la exigencia ciudadana. En lugar de modernizar las condiciones laborales para alejarlas de los esquemas de 1917, los legisladores han cedido ante las cúpulas empresariales, legalizando un modelo de desgaste disfrazado de flexibilidad.
El engaño de los descansos y la trampa de las horas extras
El núcleo de esta traición radica en la negativa rotunda de la mayoría legislativa y del propio titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños López, para incluir de manera explícita en el artículo 123 constitucional el derecho irrenunciable a dos días de descanso por cada cinco trabajados.
El funcionario federal, en un intento por justificar lo injustificable, argumentó que las 40 horas «implicarán» los dos días de descanso, negándose a plasmarlo en la ley bajo la excusa de no generar «un impacto sustancial a la actividad económica». Dejar este segundo día a la «negociación» entre empleador y trabajador es una condena directa a la indefensión, dadas las profundas asimetrías de poder en las relaciones laborales del país.
A esta omisión se suma un franco retroceso: el dictamen amplía el límite de tiempo extraordinario de nueve a 12 horas por semana. Como denunciaron diversas voces durante la sesión, esto no es una oportunidad para que el trabajador gane más, sino un mecanismo que abarata y legaliza la sobreexplotación. Básicamente, la reducción de horas ordinarias se compensará exprimiendo al personal con más horas extras.
Un debate sordo ante la exigencia social
Durante la discusión, quedaron en evidencia las fallas estructurales de la iniciativa enviada por el Ejecutivo. Legisladoras como Patricia Mercado (MC) y Noemí Luna (PAN) advirtieron tajantemente que una reforma que anuncia 40 horas pero mantiene seis días laborales no va a funcionar, recordando que en San Lázaro existen iniciativas rezagadas que sí garantizan el descanso digno.
Asimismo, representantes como César Alejandro Domínguez (PRI) alertaron sobre la falta de incentivos fiscales para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), advirtiendo que, sin apoyo del Estado, los costos de esta reforma gradual no desaparecerán, sino que se traducirán en recortes masivos de empleos.
Gradualidad: La justicia que se pospone
Por si fuera poco, la promesa de las 40 horas será una ilusión a corto plazo. El régimen transitorio establece que la reducción no será inmediata, sino que iniciará en 2027 restando solo dos horas por año, para alcanzar las anheladas 40 horas semanales hasta 2030. Un derecho diferido por cuatro años es, a todas luces, un derecho negado.
Mientras a las afueras de los recintos legislativos el Frente Nacional por las 40 horas y miles de ciudadanos exigen #40HorasYa y #2DiasDeDescanso, en las cúpulas del poder se simula escuchar al pueblo. Se espera que este martes el pleno de la Cámara Baja discuta y apruebe en sus términos este dictamen, consumando así una reforma que privilegia el capital sobre la salud, el tiempo y la dignidad de quienes verdaderamente sostienen a este país con sus manos.
Nota elaborada con información y reportes de: Enrique Gómez (El Universal), Enrique Méndez (La Jornada), Eje Central, Angélica Melín (MVS Noticias) y Otilia Carvajal (La Silla Rota).