En lo que especialistas y legisladores de oposición han calificado como un «atentado contra la estabilidad familiar», el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó, por un margen mínimo de 21 votos contra 20, una reforma estructural a los artículos 2346 y 2346 Bis del Código Civil. La medida, presentada bajo la bandera de la «modernización», ha encendido las alarmas por beneficiar de forma desproporcionada a los propietarios de inmuebles, eliminando protecciones históricas que evitaban abusos en el costo de la vivienda.
La sesión estuvo marcada por un enfrentamiento ético sin precedentes. El principal impulsor del dictamen, el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, se encuentra en el ojo del huracán. Diversas voces en el pleno cuestionaron cómo es posible que el legislador que redactó y empujó estas modificaciones sea, simultáneamente, el Director General de la Inmobiliaria CARFU. Este vínculo empresarial sugiere un conflicto de interés directo: el legislador estaría creando las leyes que favorecen la rentabilidad de su propio modelo de negocio.
La Diputada Rocío Montalvo, independiente, propuso crear un programa para beneficiar a personas desempleadas con trabajos comunitarios hasta por seis meses con salario mínimo, a fin de apoyar la economía familiar y fomentar la participación social en Nuevo León. pic.twitter.com/rAcBUE5rh7
— Congreso Nuevo León (@CongresoNL) February 19, 2026
El fin del tope del 10% y la llegada del dólar
Hasta esta semana, Nuevo León mantenía una protección que impedía que las rentas subieran arbitrariamente por encima del 10% anual. Con esta reforma, esa barrera desaparece. El nuevo texto legal establece que la renta podrá actualizarse conforme a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) o, de manera más alarmante, bajo «el indicador económico que las partes convengan expresamente por escrito».
Esta ambigüedad, denunciada por la diputada Greta Barra (Morena) y documentada por analistas como Jorge Narváez (Reporte Índigo), abre formalmente la puerta a la «dolarización» del mercado inmobiliario. En un estado impactado por el nearshoring, donde la demanda de vivienda es alta, permitir cobros en moneda extranjera coloca a los trabajadores que ganan en pesos en una situación de indefensión absoluta ante la especulación.
Derrumbe de la seguridad jurídica para el arrendatario
A diferencia de la legislación anterior, que buscaba equilibrar la relación entre quien renta y quien es dueño, los cambios aprobados despojan al inquilino de herramientas de defensa básica. Según reportes de periodistas como Kevin Recio (Milenio) e Hiram Pérez (Quadratín), los puntos más críticos son:
Eliminación de la Presunción de Pago: Antes, si un arrendador no entregaba recibos por tres meses, la ley presumía que el inquilino estaba al corriente. Ahora, esa protección se borra. Si el dueño se niega a expedir comprobantes, es el inquilino quien debe cargar con la carga de la prueba mediante facturas o notas de crédito, facilitando juicios de desalojo por supuesta morosidad.
¿Modernización o «Cártel Inmobiliario»?
Desde la tribuna, el diputado Ignacio Castellanos (PAN) defendió el dictamen alegando que busca «corregir desequilibrios» y promover la formalidad fiscal. Sin embargo, para la oposición, el discurso de la «formalidad» es solo una fachada.
“El PAN nos ha demostrado con un cártel inmobiliario en la Ciudad de México de lo que es capaz, y con esta iniciativa de Carlos de la Fuente nos queda claro que quieren hacer lo mismo en nuestro estado”, sentenció la diputada Greta Barra. Por su parte, Marisol González (MC) advirtió que la reforma parece diseñada para «correr al inquilino cuando el propietario quiera».
La sombra del conflicto de interés de De la Fuente pesó durante toda la votación. Mientras el legislador albiazul tildaba de «ignorantes técnicos» a sus opositores, en las calles de Monterrey la preocupación crece: el costo de vida en la ciudad ya es de los más altos del país, y esta reforma amenaza con desplazar a miles de familias de sus hogares en favor de una visión puramente mercantilista de la vivienda.
El futuro de la ley: El veto en el horizonte
El dictamen pasará ahora al Ejecutivo estatal para su publicación. Dada la naturaleza controversial de la reforma y el evidente beneficio para el gremio inmobiliario al que pertenece su autor, se estima que el gobernador Samuel García podría vetar la ley. De no ser así, Nuevo León entraría en una nueva era donde el derecho a un techo digno queda supeditado a la voluntad del libre mercado y a los intereses de quienes, desde una curul, legislan para sus propias empresas.
Créditos y Fuentes: Basado en los reportes de Margarita Solano (La Silla Rota), Jorge Narváez (Reporte Índigo), Plácido Meléndez (Hora Cero), Kevin Recio (Milenio), Hiram Pérez (Quadratín) y servicios informativos de El Porvenir y Noticias Nuevo León.