La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó este jueves la sentencia de un Tribunal Colegiado que concede un amparo a General Motors (GM), dándole a la compañía automotriz una oportunidad legal para reducir o incluso anular dos créditos fiscales multimillonarios que le impuso el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La disputa, que arrastra recargos desde el ejercicio fiscal de 2008, gira en torno a un monto que asciende a 2 mil 599 millones 631 mil pesos.
En una votación de siete contra dos, el Pleno del Máximo Tribunal aprobó el proyecto del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz. La resolución declara fundado el recurso de reclamación de la empresa y desecha la revisión que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había promovido el año pasado —y que en su momento fue admitida por la entonces presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández—.
#EnVivo | Sesión del Pleno de la #SCJN, 19 de febrero de 2026.@HugoAguilarOrti @LeniaBatres @YasminEsquivel_ @lorettaortiza @MtraEstelaRios @IrvingEspinosa_ @AristidesRodri @Giovanni_F_M https://t.co/FhqQZRxDlT
— Suprema Corte (@SCJN) February 19, 2026
El argumento legal: sin materia constitucional
El eje de la decisión mayoritaria radica en un tecnicismo jurídico. De acuerdo con el ministro presidente Aguilar Ortiz, el recurso de la dependencia federal no procedía porque no existía un estudio de inconstitucionalidad de fondo en la resolución previa.
«En los hechos se advierte que no hay estudio de constitucionalidad sobre los preceptos que fueron impugnados en sede del Tribunal Colegiado (…) y por eso llegamos a esa conclusión», argumentó el ponente.
Con este fallo, el amparo otorgado previamente por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa queda firme. Esto obliga al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) a dejar sin efectos su resolución anterior y analizar, de nueva cuenta, si es procedente o no que General Motors deduzca las pérdidas millonarias que reportó por la enajenación de acciones.
El debate: justicia social y recaudación
La resolución no estuvo libre de polémica. Las ministras Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González emitieron los dos votos en contra, lanzando duras advertencias sobre el impacto que este tipo de amparos tiene en la recaudación nacional y la desigualdad fiscal.
Batres Guadarrama defendió la legitimidad de Hacienda para impugnar, argumentando que perdonar o reducir adeudos de esta magnitud impacta directamente en el artículo 31 de la Carta Magna. “La judicialización de los actos fiscales no puede ser instrumento para torcer y desaparecer una obligación constitucional”, sentenció, advirtiendo sobre el riesgo sistémico de que los grandes corporativos utilicen estas vías para evadir impuestos.
Por su parte, la ministra Ríos González hizo un enérgico llamado a la reflexión sobre el costo social de la medida: “Se le exige al Estado que haga efectivos una serie de derechos (…) y, por otro lado, se limita la obligación de los contribuyentes. Resulta que unos cuantos quedan fuera de estas contribuciones y la mayoría sí contribuimos”.
El reloj judicial en marcha
El fallo a favor de General Motors se da en un contexto de alta presión para la SCJN. Derivado de los tiempos que marca la reciente reforma judicial, el Máximo Tribunal tiene hasta antes de que inicie marzo para resolver un paquete heredado de más de 40 asuntos fiscales de alto impacto.
Entre los expedientes que aún están en la fila destaca el caso de Pegaso PCS (filial de Telefónica Movistar) por un adeudo de más de 4 mil 400 millones de pesos, y debates sobre la doble tributación de IVA a empresas bajo el esquema IMMEX. Por ahora, General Motors ha ganado una batalla crucial en los tribunales, devolviendo la pelota a la cancha administrativa.