Fotografía: Un juez federal ratificó la prisión preventiva justificada, lo que impide su salida programada para abril tras cumplir su sentencia anterior.
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La esperanza de libertad para Javier Duarte de Ochoa se ha desvanecido. A escasos dos meses de cumplir su condena de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa, un nuevo revés judicial mantendrá al exgobernador de Veracruz tras las rejas.

Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, vinculó a proceso al exmandatario priista por el delito de peculado. La acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) señala un presunto desvío de 5 millones de pesos del erario público, recursos que originalmente estaban etiquetados para obras de salud y atención en casas hogar para niños y adultos mayores durante el ejercicio fiscal de 2012.

Suspenso en la liberación

La defensa legal de Duarte, encabezada por el abogado Pablo Campuzano, vislumbraba el próximo 15 de abril como la fecha clave para la liberación de su cliente, al cumplirse la totalidad de su sentencia previa. Sin embargo, el juez Villaseñor ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, lo que pone en pausa indefinida su salida del penal.

El juzgador otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, fijando el 17 de agosto como la fecha límite para que tanto la defensa como la Fiscalía presenten sus datos de prueba rumbo al juicio de la causa penal 667/2025.

«Gana la política», reclama Duarte

Tras una audiencia maratónica de casi 11 horas, el exgobernador no ocultó su molestia ante la resolución. Al tomar la palabra frente al juez, Duarte de Ochoa lanzó una crítica directa al sistema:

«Solo decirle que la resolución no me sorprende. Gana nuevamente la política sobre la justicia», sentenció el veracruzano.

Por su parte, la defensa confirmó que impugnará la determinación mediante una apelación e incluso analizan presentar una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial, argumentando cambios de último momento en la imputación respecto a tiempo, modo y lugar.

El peso del pasado

Javier Duarte, quien fue extraditado de Guatemala en 2017 y se declaró culpable en 2018 de operar una red de empresas fantasma y prestanombres, ha logrado librar otras acusaciones en los últimos años, incluyendo cargos por desaparición forzada y delitos electorales. No obstante, este nuevo proceso por peculado podría acarrear una pena adicional de entre 2 y 14 años de prisión.

Según la FGR, los recursos desviados habrían sido sometidos a una mecánica de dispersión conocida como «la licuadora», mezclando fondos federales y estatales para perder su rastro. Mientras se define su situación jurídica, el exgobernador permanecerá interno en el Reclusorio Norte, lejos de la libertad anticipada que buscaba desde finales de 2025.


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