Al final, la ley se impuso sobre el capricho. Tras más de dos décadas de litigios, amparos, dilaciones y una estridente campaña mediática en contra de las instituciones tributarias, el empresario Ricardo Salinas Pliego tuvo que doblar las manos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó este jueves lo que parecía imposible en sexenios anteriores: el dueño de Grupo Salinas comenzó a pagar su monumental deuda fiscal.
Bajo la premisa de que nadie está por encima de la ley, el Estado mexicano logró que el conglomerado empresarial aceptara liquidar un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos. La cifra, aunque estratosférica, representa el desenlace de un pulso en el que el magnate intentó, hasta el último minuto, evitar cumplir con sus obligaciones constitucionales bajo el argumento de una supuesta «persecución política».
Los «abonos chiquitos» llegaron al SAT
Haciendo uso de una ironía involuntaria respecto al modelo de negocio de sus tiendas Elektra, el acuerdo alcanzado con la autoridad fiscal implica parcialidades. Según informó el SAT en un comunicado oficial, de la deuda total ya fueron ingresados 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos a la Tesorería de la Federación (Tesofe) este mismo jueves.
Sin embargo, el empresario no liquidó el total en una sola exhibición. El organismo recaudador detalló que el remanente, que asciende a más de 21 mil 700 millones de pesos, será cubierto mediante un esquema de 18 pagos mensuales.
Este desenlace ocurre después de que el empresario perdiera el «brazo de hierro» contra la Hacienda pública. A pesar de haber intentado llevar su caso a instancias internacionales y de denunciar al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la realidad jurídica en México lo dejó sin salidas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), renovada y bajo el escrutinio público, cerró las puertas a las tácticas dilatorias que permitieron al grupo empresarial postergar este momento durante años.
Un descuento legal, no un favor
Es importante destacar que el monto final de 32 mil millones de pesos incluye un beneficio contemplado en el Código Fiscal de la Federación. Originalmente, el adeudo con actualizaciones y recargos superaba los 50 mil millones de pesos (incluso se manejaron cifras superiores a los 60 mil millones en proyecciones recientes).
Como reportó el diario EL PAÍS, Salinas Pliego logró una rebaja fiscal de aproximadamente el 37% al acogerse a los beneficios por pronto pago tras las resoluciones judiciales. No fue una concesión graciosa del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino la aplicación estricta de la ley que permite reducir multas y recargos si el deudor desiste de seguir peleando. El magnate optó por pagar «a la buena» lo que la justicia ya le estaba cobrando «a la mala», evitando así el embargo de sus bienes y el colapso de sus operaciones financieras.
— SATMX (@SATMX) January 29, 2026
La amarga derrota: «Pagamos, pero no estamos de acuerdo»
La capitulación de Grupo Salinas vino acompañada de una retórica de víctima. Lejos de una autocrítica por años de elusión, el conglomerado emitió un comunicado —firmado por Luciano Pascoe, nuevo Director General de Noticias y Comunicación— en el que intentan rescatar la narrativa.
«Siempre lo hemos dicho y hoy lo reiteramos: Grupo Salinas y su presidente fundador cumplen, y siempre han cumplido», reza el texto, una afirmación que contrasta con las múltiples sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que demostraron lo contrario: el uso de ingeniería fiscal y pérdidas improcedentes para no pagar ISR entre 2008 y 2013.
El comunicado añade, en un tono de desafío: «Nadie puede negar que cumplimos con México. Ahora, a pesar de estar en profundo desacuerdo, pagaron aún más. No por convicción, ni porque aceptemos que sea lo justo, sino porque buscamos dar vuelta a esta página».
El grupo empresarial asegura que, con este pago, «no debemos nada al gobierno, por ningún concepto», una frase que busca cerrar el capítulo mediático, aunque en los tribunales la historia del «terrorismo fiscal» que alegaban se desmoronó ante la evidencia de los hechos.
El triunfo del Estado de Derecho
Para la administración federal y los promotores de la justicia fiscal, este pago es un hito. Lenia Batres Guadarrama, ministra de la SCJN y autodenominada «ministra del Pueblo», no tardó en calificar el hecho como un «triunfo histórico del Estado de derecho».
A través de sus redes sociales y en comunicados retomados por LA JORNADA y PROCESO, Batres subrayó que este desenlace envía un mensaje contundente sobre la igualdad ante la ley: «Independientemente de la capacidad económica, todos los mexicanos deben cumplir con sus obligaciones fiscales».
La ministra reveló además un dato clave que sella la derrota legal de Salinas: Total Play Telecomunicaciones, otra de las empresas del grupo, se desistió formalmente del amparo directo en revisión 2526/2025 ante la Corte. Este litigio, el último gran pendiente que involucraba un crédito fiscal de más de 645 millones de pesos, fue abandonado voluntariamente por la empresa.
«De este asunto que me fue turnado, la empresa solicitó desistirse», confirmó Batres. Este movimiento estratégico confirma que Grupo Salinas se quedó sin margen de maniobra legal. Ya no había más amparos, ni más «impedimentos» contra ministros, ni más recursos de reclamación que pudieran frenar la maquinaria del SAT.
El contexto político: Sheinbaum y el fin de los intocables
El pago se produce en un contexto político de alta tensión. Apenas el 26 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum había informado en su conferencia matutina («La Mañanera») que Grupo Salinas había manifestado su intención de pagar. Sin embargo, la mandataria fue clara: no habría negociaciones políticas, solo cumplimiento de la ley.
Según reportes de MILENIO y ANIMAL POLÍTICO, Sheinbaum descartó en todo momento que existiera una persecución política, como alegaba el empresario en sus frecuentes diatribas en la red social X. «Es un tema legal, jurídico, administrativo», sostuvo la presidenta, desmantelando la narrativa de Salinas Pliego de presentarse como un mártir de la libertad de expresión frente a un gobierno autoritario.
El empresario, quien ha coqueteado con la idea de una candidatura presidencial para 2030 impulsada por sectores de oposición (incluso el PAN «no lo descartó» según SIN EMBARGO), sale de este episodio con la cartera más ligera y el orgullo herido. Su intento de convertir un asunto de evasión fiscal en una bandera de «resistencia cultural» topó con pared.
¿Qué sigue para Salinas?
En su comunicado, Grupo Salinas anuncia una «revolución cultural» y promete seguir defendiendo la «Vida, la Propiedad y la Libertad Individual». Sin embargo, el mensaje subyacente es claro: el empresario necesita, en sus propias palabras, «recuperar el tiempo, la energía y el foco».
La realidad es que el SAT, bajo la dirección de Antonio Martínez Dagnino, ha logrado lo que parecía imposible: cobrarle a uno de los hombres más ricos de México, quien durante sexenios gozó de una permisividad que hoy, con el depósito de más de 10 mil millones de pesos en las arcas nacionales, ha llegado oficialmente a su fin.
Como bien titularía un clásico de la prensa roja, pero aplicado a las finanzas de la élite: Salinas pagó. Y pagó porque no le quedó de otra. La ley, tarde pero segura, le pasó la factura.