La violencia en el sur de Sinaloa escaló a un nuevo nivel crítico con el secuestro masivo de al menos 10 profesionales de la industria minera, quienes fueron sustraídos por un comando armado de las instalaciones de la empresa canadiense Vizsla Silver. El incidente ha provocado la suspensión temporal del millonario proyecto «Pánuco», profundizando la incertidumbre en una región azotada por la disputa territorial del crimen organizado.
El asalto en la madrugada
Los hechos ocurrieron la madrugada del viernes 23 de enero en el municipio de Concordia. Según reportes recopilados por Marcos Vizcarra y Mónica González Islas para El País, un grupo de hombres fuertemente armados irrumpió alrededor de las 7:00 horas en el campamento donde descansaba el personal, ubicado en el poblado serrano de Pánuco.
Fuentes citadas por la Agencia Reforma y el semanario Zeta indican que el inmueble, conocido como fraccionamiento «La Clementina», fue el escenario donde los agresores sometieron a geólogos, ingenieros y personal de seguridad para llevárselos con rumbo desconocido.
Lo que sucedió en Sinaloa es verdaderamente espantoso.
Un grupo armado secuestró a 14 mineros que trabajaban para la empresa Vizsla Silver, los sacaron por la fuerza del fraccionamiento donde vivían el pasado 23 de enero.
Ya llevan más de 6 días desaparecidos y hasta ahora… pic.twitter.com/HIrDtRgWLk
— Arturo Villegas (nueva cuenta) (@ArturoVill7) January 29, 2026
Las víctimas: profesionales de Sonora y Chihuahua
Aunque la información fluye a cuentagotas por la delicadeza del caso, se ha confirmado que gran parte de los desaparecidos son originarios de Hermosillo, Sonora, y del estado de Chihuahua.
Entre las víctimas identificadas mediante fichas de búsqueda difundidas en redes sociales y confirmadas por Eje Central y RT, se encuentran Saúl Alberto Ochoa Pérez, José Antonio Jiménez Nevárez, el geólogo José Castañeda, y otros colaboradores como Pablo Osorio Sánchez, Francisco Jesús Aguilar, Javier Vargas, Javier Valdez, Antonio Esparza, Antonio de la O y el ingeniero Miguel Tapia.
La esposa de Ochoa Pérez confirmó a El País que interpuso la denuncia tras perder contacto con su marido, quien descansaba en el campamento de la minera al momento del ataque.
Reacción corporativa y exigencia gremial
La respuesta de la iniciativa privada no se hizo esperar. Vizsla Silver emitió un comunicado oficial el 28 de enero confirmando la sustracción de sus colaboradores y anunciando el cese temporal de actividades en el sitio, donde ha invertido más de 250 millones de dólares en exploración de plata.
«La prioridad inmediata de la empresa es la seguridad y el bienestar de las personas implicadas», señaló la compañía, asegurando que sus equipos de gestión de crisis ya trabajan con las autoridades.
Paralelamente, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) lanzó un llamado de auxilio. «Expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad de 10 profesionales con un desempeño honesto», declaró el gremio, exigiendo al Gobierno de Sinaloa acciones inmediatas para su localización.
Fiscalías bajo presión
La Fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó la existencia de carpetas de investigación y la coordinación con sus homólogos de Sonora y Chihuahua, así como con fuerzas federales. Según reportes de medios locales, el vicefiscal de la Zona Sur, Isaac Aguayo Roacho, ratificó que ya se realizan operativos, incluido un cateo reciente relacionado con el caso.
Un territorio en guerra
Este secuestro masivo no es un hecho aislado, sino parte de una crisis mayor. Como destaca el análisis de El País, la sierra de Concordia es un territorio en disputa desde septiembre de 2024, tras la ruptura entre las facciones de «Los Chapitos» y «Los Mayos». Esta guerra interna del Cártel de Sinaloa ya ha provocado el desplazamiento forzado de cientos de habitantes de comunidades como Potrerillos y Copala, dejando a la región —y ahora a la inversión extranjera— a merced de la violencia.