Fotografía: La defensa condiciona prueba antidoping a la entrega de videos de las bodycams policiales.
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Tras una audiencia que se prolongó por más de cinco horas, la jueza cuarta de control del Primer Distrito Judicial, Guadalupe Beatriz Martínez Taboada, dictó auto de vinculación a proceso contra José Alberto Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACam), así como contra su chofer y un asistente, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo (variante de posesión simple).

A pesar de la resolución judicial, los tres imputados enfrentarán el proceso en libertad. La juzgadora impuso medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir de la entidad y la obligación de firmar periódicamente. En un punto ganado por la defensa, estas firmas se realizarán en la Sala de Juicios Orales del Tribunal Superior de Justicia y no en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares (dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública), argumentando desconfianza hacia la policía estatal.

Acusaciones de pruebas «sembradas»

El abogado defensor, Edwin Trejo Gutiérrez, anunció que promoverán un juicio de amparo indirecto para impugnar la vinculación. La estrategia legal se centra en la inexistencia de pruebas contundentes y presuntas irregularidades en la cadena de custodia.

Según la defensa, los cinco sobres de presunta cocaína hallados en el portavasos de la camioneta durante la detención del pasado 12 de enero fueron «plantados» por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

«Se hizo un procesamiento ilegal de todos los objetos, no hay certeza de que existiera esa droga (…) Le plantaron esa droga por un agente de la Policía Estatal», declaró Trejo Gutiérrez al salir de la audiencia.

El litigante condicionó la realización de una prueba antidoping al exrector a que la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) exhiba primero los videos de las cámaras corporales (bodycams) de los agentes que ejecutaron el arresto, material que hasta el momento no ha sido presentado ante el juzgado.

Contexto de la detención y reacciones políticas

La detención ocurrió tras una llamada anónima al 911 que alertaba sobre personas armadas. Aunque no se encontraron armas de fuego, los agentes reportaron el hallazgo del estupefaciente. El Fiscal Jackson Villasís Rosado confirmó que la jueza calificó de legal la detención realizada en flagrancia.

El caso ha escalado al ámbito nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto, subrayando que «en México no debe existir ninguna acción judicial motivada por intereses políticos» y exigió que las detenciones de figuras públicas estén sustentadas en pruebas sólidas.

Por su parte, el Gobierno de Campeche emitió un comunicado rechazando cualquier intromisión en la autonomía universitaria o persecución política, desmarcándose de las acusaciones sobre una supuesta intervención del ejecutivo estatal en el proceso judicial.

Lo que sigue

La Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con un plazo de dos meses, que vence alrededor del 18 de marzo, para el cierre de la investigación complementaria. Durante este tiempo, se espera que el Ministerio Público intente identificar al denunciante anónimo y reforzar sus pruebas, mientras la defensa buscará demostrar la inocencia del académico mediante la justicia federal.

Paralelamente, Abud Flores negó las acusaciones sobre presuntas irregularidades financieras por más de 225 millones de pesos señaladas en reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes al ejercicio 2023.


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