La ambiciosa Reforma Electoral de la llamada «Cuarta Transformación» ha entrado en una fase crítica de reingeniería política. Tras una reunión de alto nivel que se extendió por más de tres horas y media en Palacio Nacional este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo trazó las líneas definitivas de su propuesta, pero ordenó poner freno a su envío inmediato al Legislativo. La razón es aritmética política pura: la iniciativa requiere una cirugía mayor a la Constitución y, sin los votos del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la mayoría calificada es inalcanzable.
El encuentro, descrito por fuentes consultadas por medios como El País y Reforma como una «encerrona» estratégica, reunió a la Comisión Presidencial encargada de redactar el proyecto —encabezada por Pablo Gómez— y a los coordinadores parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal (Diputados) y Adán Augusto López (Senado). El saldo de la cumbre fue claro: la reforma no se presentará en enero. El oficialismo necesita tiempo para cabildear con sus propios aliados, quienes ven con recelo los recortes presupuestales y la reconfiguración del Congreso.
Los 14 puntos y la «tijera» presupuestal
La propuesta que se cocina en los despachos del Ejecutivo contempla entre 12 y 14 modificaciones constitucionales. Según informaron los legisladores al salir del recinto histórico, los ejes rectores son la reducción sustancial del financiamiento público a los partidos políticos, el recorte al gasto operativo de los órganos electorales (incluyendo los OPLEs) y una reestructuración del Congreso que implica revisar la figura de los legisladores de Representación Proporcional (plurinominales).
Sin embargo, es precisamente en la austeridad donde reside el conflicto. Para el PT y el PVEM, partidos que dependen en gran medida de las prerrogativas públicas y cuya fuerza legislativa se nutre del sistema actual de reparto de curules, estas medidas podrían resultar contraproducentes.
«En términos de reformas constitucionales, la 4T depende de lo que resuelvan el PT y el Verde. El que quiera engañarse, pues que se engañe solo», advirtió el diputado petista Reginaldo Sandoval horas antes de la reunión, en declaraciones recogidas por diversos medios nacionales. La postura del aliado es un recordatorio del pragmatismo necesario: Morena por sí solo no tiene los números para modificar la Carta Magna.
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, fue enfático al respecto ante la prensa: «Una cosa que insistimos y que ella [la Presidenta] retomó con mucha claridad, es que como los temas tienen que ver con reformas constitucionales, es necesario ya hablar y planteárselos a los aliados. Todo depende del consenso que se tenga con ellos».
La Presidenta marca línea: El INE no se toca
Uno de los momentos más relevantes de la jornada fue la definición sobre la naturaleza del árbitro electoral. En días pasados, Pablo Gómez, redactor en jefe de la propuesta, había sugerido públicamente que la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) no era un requisito indispensable para su imparcialidad, lo que encendió las alarmas en la oposición y en sectores académicos.
No obstante, de acuerdo con los testimonios de los asistentes a la reunión, la presidenta Sheinbaum atajó la controversia. Monreal confirmó que la mandataria instruyó preservar la autonomía constitucional del INE, desmarcándose de las posturas más radicales dentro de la Comisión.
«La Presidenta fue muy clara en eso. Dijo: ‘No, no, no, yo creo en la autonomía y hay que garantizarla’. La autonomía del INE está garantizada en la iniciativa», aseguró Monreal, contradiciendo así la narrativa previa de Gómez. Este movimiento es interpretado por analistas como un intento de blindar la reforma ante críticas internacionales y de facilitar el tránsito legislativo, enfocándose en lo económico (el costo de las elecciones) más que en el control político del órgano.
Asimismo, se discutió la viabilidad de reducir el número de consejeros y la operatividad de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). Aunque inicialmente se planteaba su desaparición, la resistencia de los gobernadores —incluso los de Morena— ha llevado a la Comisión a proponer una reforma en su designación y atribuciones, en lugar de su eliminación total, buscando un ahorro operativo sin desmantelar la estructura federal electoral.
Democracia Participativa y Revocación 2027
Otro pilar fundamental de la iniciativa es la consolidación de la «democracia participativa». Sheinbaum Pardo insistió a los legisladores que el ciudadano debe tener un papel activo más allá del voto en las urnas. Para ello, se busca fortalecer las consultas populares y fijar constitucionalmente la Revocación de Mandato, con la intención de homologarla con las elecciones intermedias de 2027.
«Viene una nueva etapa donde el pueblo va a ser realmente quien ejerza el poder», declaró el senador Adán Augusto López, citado por agencias como EFE y medios digitales como SinEmbargo. La intención es que temas trascendentales para la nación se sometan obligatoriamente al escrutinio público, un sello característico del movimiento político en el poder.
Además, se abordaron temas como la eliminación del fuero constitucional para altos funcionarios y la posibilidad de implementar el voto electrónico para reducir costos logísticos, así como garantizar la representación de minorías y migrantes en el Congreso.
El cronograma: Febrero es la meta
La complejidad técnica y política de la reforma ha obligado a ajustar el calendario. Originalmente prevista para presentarse al inicio del año, la iniciativa ahora se perfila para llegar al Congreso de la Unión en la primera o segunda semana de febrero, una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones.
«Cada vez veo más difícil que se presente antes de febrero. No veo fácil que salga de aquí al último de enero», reconoció Monreal. Los próximos días serán de cabildeo intenso. La Comisión Presidencial —integrada también por figuras clave como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel; el titular de la Agencia de Transformación Digital, Pepe Merino; y el coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar— iniciará mesas de trabajo inmediatas con las dirigencias del PT y el Verde.
El objetivo es presentar un frente unido. Los coordinadores parlamentarios han sugerido no hacer pública la propuesta final hasta que cada coma haya sido pactada con los aliados. Solo después de asegurar la cohesión del bloque oficialista, se abrirá el debate a la oposición (PAN, PRI y MC), aunque la estrategia principal radica en asegurar los votos «en casa».
Un gabinete de peso para una reforma de Estado
La reunión en Palacio Nacional evidenció el peso que el Ejecutivo está poniendo en esta reforma. Además de los legisladores, la presencia de perfiles técnicos y políticos como Ernestina Godoy (Fiscal General de la República), Jesús Ramírez (Coordinación de Asesores) y José Antonio Peña Merino, sugiere que la reforma no solo busca cambios políticos, sino una reingeniería administrativa profunda apoyada en la digitalización y la austeridad republicana.
Por ahora, la moneda está en el aire. La reforma electoral de 2026 promete ser la batalla legislativa más importante del primer tramo del sexenio, poniendo a prueba no solo la capacidad de negociación de Claudia Sheinbaum con la oposición, sino, más importante aún, su liderazgo para mantener alineados los intereses, a veces contradictorios, de su propia coalición gobernante.
Con información de El País, Agencia Reforma, EFE y SinEmbargo.