La maquinaria para construir la próxima Reforma Electoral ha entrado en una fase decisiva. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este miércoles sostendrá una reunión clave con la Comisión encargada de redactar la iniciativa, donde el punto medular será definir los tiempos de implementación: ¿la reforma transformará los comicios intermedios de 2027 o esperará hasta la elección presidencial de 2030?
Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que el análisis no es solo político, sino logístico. El principal desafío es la concurrencia con la elección del Poder Judicial, prevista también para 2027, donde se elegirán jueces y magistrados federales.
Las propuestas de #ReformaElectoral que entregó hoy el INE a la Comisión Presidencial, recoge las coincidencias mayoritarias como las propuestas individuales de las y los consejeros, destacó la Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei. https://t.co/oj1bt2MiSy pic.twitter.com/Fq47a8FtA4
— @INEMexico (@INEMexico) January 13, 2026
El riesgo del colapso en las urnas
Sheinbaum Pardo puso sobre la mesa la posibilidad de separar las fechas de ambos procesos electorales. La experiencia de 2025 en estados como Veracruz y Durango, donde coincidieron elecciones locales con procesos extraordinarios, evidenció problemas de operación en las casillas.
«Eso no está bien. Debe ser una sola casilla, pero hay que analizar si es demasiado para una sola jornada», advirtió la Presidenta. Si se decide modificar el año de la elección judicial para evitar filas interminables y confusión en el electorado, se requeriría una modificación constitucional adicional.
INE entrega «insumos», Gobierno marca límites
Como parte de la construcción de esta Reforma Electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) entregó formalmente a la Comisión Presidencial, encabezada por Pablo Gómez, un paquete de 241 propuestas técnicas.
El documento, fruto de un consenso mayoritario entre los consejeros, plantea ejes modernos como:
Sin embargo, la recepción de las propuestas no estuvo exenta de fricciones. Mientras el INE solicitó vincular su presupuesto al Producto Interno Bruto (PIB) para garantizar su operatividad, Pablo Gómez rechazó la fórmula y cuestionó el concepto de «autonomía» del órgano electoral, argumentando que el gobierno busca independencia en las resoluciones, pero no un ente que se autogobierne al margen de la austeridad republicana.
Lo que sigue
El gobierno federal prevé enviar la iniciativa de Reforma Electoral al Congreso de la Unión para el periodo ordinario de sesiones que inicia el próximo 1 de febrero. La propuesta buscará, según palabras de Pablo Gómez, no un consenso imposible con la oposición, sino una reestructuración que asegure legalidad, certeza y austeridad en el sistema democrático mexicano.