La tragedia del Tren Interoceánico, que cobró la vida de 14 personas y dejó cerca de un centenar de heridos el pasado 28 de diciembre en Oaxaca, ha llegado a los tribunales. Este lunes, la defensa legal de tres víctimas directas presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.
La querella apunta directamente contra tres empresas contratistas: Comsa Infraestructura S.A. de C.V., Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools S.A. de C.V., así como contra los servidores públicos que resulten responsables por omisiones en la supervisión de la obra ferroviaria.
Auditorías ignoradas y «mala construcción»
Adrián Arellano Regino, abogado del despacho Vega Mac Gregor Arellano, explicó en conferencia de prensa que la denuncia se sustenta en reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Según el litigante, desde 2019 y hasta febrero de 2025, el órgano fiscalizador detectó irregularidades críticas en el proyecto.
«Se advierte que hubo una mala supervisión, construcción y, sobre todo, una mala rehabilitación. No existe evidencia fotográfica de los trabajos para los cuales fueron contratados», sentenció Arellano.
Las empresas señaladas no son ajenas a la obra pública federal y local. Comsa Infraestructura participó en la rehabilitación de la Línea 9 del Metro y el Tren Ligero de la CDMX, mientras que Daniferrotools obtuvo contratos para la ingeniería básica del Tren Maya.
Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico presentan denuncia ante la FGR
El abogado Adrián Arellano destacó las irregularidades detectadas por la ASF desde 2019, organismo que advirtió de una "mala supervisión, construcción y rehabilitación"pic.twitter.com/KgBGAqD0ij
— Azucena Uresti (@azucenau) January 5, 2026
El rostro humano de la demanda lo ponen Juan Manuel Iglesias, su esposa Flor y su hijo Alexis. Ellos son una familia de misioneros de Ciudad Juárez que viajaban a Oaxaca para entregar ayuda humanitaria cuando el tren descarriló en una zona de curvas pronunciadas, provocando que un vagón cayera a un barranco.
Vía videollamada, Juan Manuel Iglesias exigió llegar hasta las últimas consecuencias: «Esta demanda es para llegar a aquellos funcionarios que omitieron su trabajo y se dieron a la corrupción. El resultado es que mi familia está lesionada y 14 personas resultaron muertas a causa de una omisión».
Además de las secuelas físicas, las víctimas denunciaron trato inhumano y falta de coordinación médica tras el siniestro, evidenciando carencias de insumos en los hospitales civiles de la zona.
Sin seguro y bajo la lupa presidencial
El caso ha revelado una grave vulnerabilidad administrativa: de acuerdo con documentos de la póliza, el servicio arrancó este 2026 sin seguro de pasajeros, ya que la licitación pública se declaró desierta. Previamente, la cobertura estaba a cargo de Seguros Ve por Más, con una indemnización tope de apenas 400 mil pesos por pasajero.
Ante la acción legal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó en su conferencia matutina. Aunque aseguró que habrá una «reparación integral del daño» y confirmó que la FGR ya investiga, criticó la intervención de despachos privados: «No es necesario que se acerquen abogados (…) hay bufetes que se acercan a las víctimas para obtener más recursos y se llevan comisiones», declaró la mandataria.
No obstante, el equipo legal de los afectados reiteró que su objetivo principal no es solo la indemnización, sino garantizar el acceso a la verdad y participar activamente en los peritajes que determinarán por qué descarriló el proyecto emblema del Istmo.