Fotografía: La medida busca frenar la violencia tras recientes masacres en eventos hípicos.
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La prohibición de eventos masivos como peleas de gallos y carreras de caballos en el estado ya cobró sus primeras consecuencias legales. La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación, ejecutó las primeras clausuras en los municipios de Delicias y Chihuahua, haciendo valer el acuerdo de seguridad que entró en vigor para prevenir delitos de alto impacto.

Los operativos derivan del cumplimiento inmediato del oficio 147/2025, emitido el pasado 30 de diciembre, en el cual la Mesa Estatal de Seguridad ordenó la cancelación total de permisos especiales para este tipo de concentraciones.

Primeros golpes a la clandestinidad

Las autoridades estatales informaron sobre dos intervenciones clave realizadas en las últimas horas:

En Delicias: Se procedió a la clausura del “Palenque La Unión”, donde se llevaban a cabo peleas de gallos en desafío directo a la nueva normativa.

En Chihuahua Capital:
El pasado 31 de diciembre de 2025, inspectores desmantelaron un coleadero que operaba en la comunidad de “La Casita”.

Multas y sanciones: El costo de infringir la ley

El Gobierno del Estado fue enfático en las repercusiones económicas para los organizadores que ignoren la veda. Basándose en el artículo 33 de la Ley de Alcoholes del Estado de Chihuahua, los establecimientos que operen sin el permiso o licencia —los cuales han sido revocados— enfrentarán sanciones que oscilan entre las 250 y 650 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

«El Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas y organizan estos eventos, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones», comunicó la dependencia.

El origen de la medida

La determinación de «secar» estas actividades surge de un análisis de riesgo realizado el 29 de diciembre por autoridades de los tres niveles de gobierno. La cancelación de carreras, jaripeos, lazadas y peleas de gallos busca evitar tragedias como las ocurridas recientemente en la zona sur.

El antecedente más sangriento se registró el 15 de noviembre en el carril Santa Teresa (Parral-Jiménez), donde siete personas fueron ejecutadas, incluido un líder criminal. Asimismo, en mayo de 2024, el asesinato del cantante Kevin Amalio Hernández y su familia en un centro hípico marcó un punto de inflexión sobre la inseguridad en estos recintos.

Con estos primeros operativos en «La Casita» y «La Unión», la autoridad envía un mensaje claro: la suspensión es indefinida y la vigilancia será permanente.


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