En un fallo que ha resonado en el gremio periodístico nacional, el juez de control José Guadalupe Nucamendi Albores desestimó el cargo de terrorismo que la Fiscalía General del Estado (FGE) intentó imputar al periodista Rafael León Segovia, conocido popularmente como “Lafita”.
Sin embargo, la libertad del comunicador no fue absoluta. Tras una audiencia de más de siete horas en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, el juzgador determinó vincularlo a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, imponiendo la medida cautelar de prisión domiciliaria por el lapso de un año.
¿Criminalización de la primicia?
La defensa de León Segovia, respaldada por la organización internacional Artículo 19, logró evidenciar la falta de sustento en la acusación de terrorismo. Según los abogados, la Fiscalía pretendía utilizar la eficiencia periodística de «Lafita» —quien solía llegar primero a las escenas del crimen— como «prueba» de un nexo con grupos delictivos.
“Para la autoridad, dar a conocer a la sociedad información sobre un acontecimiento constituye un indicio de conocimiento previo del hecho delictivo. La Fiscalía está buscando criminalizar su trabajo”, advirtió Artículo 19 en un comunicado, señalando que el caso se basa en testimonios de un «testigo protegido» con contradicciones.
⚠️ ALERTA: Se consolida la criminalización del periodista Rafael León Segovia. Se desestimó el cargo de terrorismo en su contra, pero fue vinculado a proceso por otros dos delitos y se le impuso prisión domiciliaria por un año.
Información recabada por ARTICLE 19 indica que la… pic.twitter.com/RJJBpPShi1
— ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) December 31, 2025
«Fue un terror»: El testimonio de Lafita
Al abandonar el penal para ser trasladado a su domicilio, Rafael León denunció irregularidades graves durante su detención el pasado 24 de diciembre. El reportero aseguró que los agentes ministeriales no se identificaron, le negaron su derecho a una llamada y le sustrajeron dinero.
“Fue un terror. Me detuvieron sin identificarse y no me dejaron hacer mi llamada. Me quitaron 43 mil pesos y solo me devolvieron 20 mil tras la intervención de mi hijo”, declaró el periodista visiblemente afectado, calificando el acto como una persecución personal.
La postura oficial
Horas después del fallo, la Fiscal General de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, defendió la actuación del ministerio público. En una conferencia de prensa en Xalapa —donde no se permitieron preguntas a los medios—, afirmó que la institución respeta la libertad de expresión, pero sostuvo que existen datos de prueba suficientes para procesar al comunicador bajo el Artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El caso sienta un precedente complejo en Veracruz, entidad que lideró los casos de acoso judicial contra la prensa en 2025, manteniendo el debate sobre la delgada línea entre la cobertura de seguridad y la presunción de delitos por parte de la autoridad.