En un cierre de año marcado por la vigilancia ambiental, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejecutó dos golpes significativos contra el desarrollo urbano irregular en zonas costeras clave del país: Yucatán y Sinaloa.
La dependencia federal impuso clausuras —una parcial y otra total— tras confirmar que proyectos inmobiliarios y comerciales operaban al margen de la ley, devastando vegetación nativa y alterando la morfología de las playas sin los permisos correspondientes.
Yucatán: Freno a la expansión de «Ciudad Maderas»
El caso de mayor impacto ocurrió en el puerto de Chelém, municipio de Progreso. Inspectores federales colocaron sellos de clausura temporal parcial al proyecto denominado “Urbanización Ciudad Maderas Península Fase II”.
Tras una inspección realizada a mediados de diciembre, la autoridad detectó un cúmulo de irregularidades en una superficie inspeccionada de más de 151 mil metros cuadrados. Entre las violaciones más graves al Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) autorizado por la Semarnat en 2021, destacan:
La acción respondió a denuncias ciudadanas que alertaban sobre la construcción de un muro de contención de concreto armado (38 metros de largo por 2 de alto) en plena zona de playa. Aunque el responsable presentó un permiso para una «palapa-restaurante» de 500 m², la inspección reveló que la estructura de concreto no correspondía a lo autorizado y excedía las dimensiones permitidas, poniendo en riesgo la dinámica de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).
En Progreso, Yucatán, la Profepa clausuró y suspendió las actividades del proyecto “Urbanización Ciudad Maderas Península II”, luego de detectar el incumplimiento de diversas condicionantes ambientales de su autorización y la realización de obras fuera del polígono aprobado.… pic.twitter.com/3nW4Pc3fVk
— PROFEPA (@PROFEPA_Mx) December 31, 2025
Cero tolerancia
En ambos casos, la Procuraduría fundamentó sus acciones en el artículo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico, advirtiendo riesgo de daño grave a los recursos naturales. Los expedientes han sido turnados al área jurídica para determinar las sanciones económicas y administrativas correspondientes, mientras se mantiene vigilancia permanente para evitar que se violen los sellos de clausura.