La promesa de «bienestar» se ha transformado en una pesadilla de concreto para los habitantes del pueblo originario de San Pedro Mártir, en la alcaldía Tlalpan. Hartos de la falta de respuestas y del avance silencioso de desarrollos masivos, la comunidad tomó las calles en una marcha denominada «Posada Anti-Gentrificación», que partió del Metrobús El Caminero hacia la carretera federal México-Cuernavaca.
El reclamo es uno y es contundente: frenar la construcción de un inmueble de 200 departamentos promovido, irónicamente, a través del Instituto de Vivienda (INVI) y la Secretaría del Agua, con el presunto auspicio de la alcaldía local.
Un pueblo con agua… pero sin agua
La contradicción es vital. Mientras las autoridades buscan densificar la zona metiendo a aproximadamente 600 nuevas personas en una sola manzana, los residentes actuales denuncian haber pasado hasta dos meses sin una sola gota de agua.
«No hay una proyección real. La vialidad, la luz, el internet y el drenaje están colapsados. Ahí arriba el drenaje se ha tapado varias veces y ahora quieren conectar a cientos de personas más», denunció uno de los voceros vecinales durante la protesta.
El uso de suelo en la zona es claro: habitacional de baja densidad. Sin embargo, los vecinos acusan que se pretende violar la normativa que exige un diámetro específico entre propiedades para levantar torres que no corresponden a la fisonomía ni a la capacidad de carga del pueblo.
La ausencia de la Alcaldesa «24/7»
La indignación escala directamente hacia la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio. A pesar de su eslogan de gobierno de tiempo completo, los manifestantes aseguran que lleva meses ignorando las peticiones de diálogo.
«Llevamos hora y media cerrando la vialidad y la alcaldesa no está. ¿Dónde está el gobierno 24/7?», cuestionaron los afectados. La comunidad exige la presencia no solo de la edil, sino de Inti Muñoz (titular de Desarrollo Urbano y Vivienda) y de los responsables de SEGUIAGUA, para que expliquen cómo pretenden dotar de servicios a un gigante de concreto cuando no pueden garantizar los derechos básicos de los residentes actuales.
Depredación ambiental y tala nocturna
La denuncia va más allá de lo administrativo; toca fibras penales y ambientales. Los vecinos han reportado que, al amparo de la oscuridad, grupos de personas ingresan a los predios para realizar tala de árboles de manera ilegal.
A pesar de haber notificado formalmente a la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), a la PAO y a la propia alcaldía para exigir la clausura por falta de dictámenes de impacto ambiental, la respuesta ha sido el silencio y la omisión. «Parece que están empoderados, respaldados por funcionarios locales», señalan, apuntando a posibles conflictos de interés dentro de la estructura de reordenamiento territorial.
¿Quién es el verdadero Cártel Inmobiliario?
En un giro discursivo que desafía la narrativa oficialista, los pobladores de San Pedro Mártir han dejado de ver al «Cártel Inmobiliario» como un ente del pasado o de un solo color político.
«Nos hacen creer que el cártel inmobiliario es el PRI o el PAN, pero la prepotencia inmobiliaria hoy la ejerce la alcaldía y la Jefatura de Gobierno. Anteponen el negocio a la vida», sentenciaron los manifestantes.
La exigencia es clara: ampliación de los plazos de consulta del Plan General de Desarrollo (PGD) respetando los tiempos de los pueblos originarios y la cancelación inmediata de proyectos que, bajo la bandera de vivienda social, gentrifican y expulsan a los nativos de la periferia.