La confrontación política por la llamada «Ley Esposa» en San Luis Potosí subió de nivel este fin de semana. Manuel Velasco Coello, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, salió en defensa de la reforma electoral local que obliga a los partidos a postular exclusivamente a mujeres para la gubernatura en 2027, una medida que perfila a la senadora Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona, como la candidata natural.
En medio de la polémica por un presunto caso de nepotismo disfrazado de paridad, Velasco fue tajante: la reforma federal que prohíbe candidaturas de familiares directos entrará en vigor hasta 2030, por lo que legalmente no existe impedimento para el proceso de 2027.
Saludé en #NuevoLeón con mucho gusto a mi amigo y compañero Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo @RGC_Mx quien trabaja por San Luis Potosí Sin Límites. pic.twitter.com/vv6mSQ7fWj
— Manuel Velasco (@VelascoM_) November 10, 2025
«El pueblo es el que elige a los gobernantes. Haya Ley Esposa o no, el Verde ganará la elección», sentenció el exgobernador de Chiapas, respaldando la postura de que la decisión final recaerá en las urnas y no en los tribunales.
Gallardo se deslinda y reta a la oposición
Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo ratificó su confianza en la maquinaria electoral del Partido Verde, asegurando que han demostrado su fortaleza para ganar «sin alianzas». El mandatario minimizó las críticas y se desmarcó de la autoría de la reforma, señalando que la iniciativa de alternancia de género provino del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y no del Palacio de Gobierno.
Gallardo atribuyó los ataques de la oposición a la «falta de perfiles competitivos» en sus filas para enfrentar a su partido en la próxima contienda.
El choque con Morena y la Federación
A pesar de ser aliados a nivel nacional, la «Ley Ruth» (como la ha bautizado Morena) ha abierto una grieta en la coalición oficialista. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió sobre los riesgos de forzar la alternancia de género por estado y no por bloque nacional, como lo estipula el INE (9 mujeres y 8 hombres para las 17 gubernaturas en juego).
«No necesariamente es el género o la paridad lo que está en el fondo, sino otros temas», declaró la mandataria, quien instruyó al ministro en retiro Arturo Zaldívar revisar la constitucionalidad de la medida.
En paralelo, Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que la reforma potosina restringe derechos políticos bajo una falsa premisa de paridad sustantiva.
¿Efecto dominó?
El caso de San Luis Potosí no es aislado. En Nuevo León se analiza una propuesta similar, la «Ley Mariana», que también exigiría candidaturas femeninas en 2027, lo que podría beneficiar a Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador Samuel García. Ambos casos han encendido las alertas sobre el uso de la lucha por la paridad como herramienta para perpetuar cacicazgos familiares antes de que la prohibición federal de 2030 cierre esa puerta definitivamente.