En medio de señalamientos por presunta corrupción y disputas legales, la Fiscalía General de la República (FGR), ahora bajo la titularidad de Ernestina Godoy, suspendió por segunda ocasión la licitación para el arrendamiento de su flota vehicular para el periodo 2025-2028.
El contrato, uno de los más onerosos de la institución, contempla la renta de 2 mil 522 unidades con un costo máximo estimado de 3 mil 794 millones de pesos; esto implicaría un gasto promedio superior a un millón de pesos por vehículo durante la vigencia del acuerdo.
Intervención del Órgano Interno de Control
De acuerdo con documentos administrativos y el expediente E-2025-00109641, la suspensión fue ordenada por Diego Emiliano Casas Lugo, titular de la Unidad Jurídica del Órgano Interno de Control (OIC). La medida se fundamenta en el artículo 100 de la Ley de Adquisiciones, el cual permite frenar procedimientos cuando «se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley».
La Unidad de Recursos Materiales de la FGR acató la instrucción de detener el fallo, programado originalmente para esta semana, hasta que se resuelva la investigación sobre posibles ilegalidades en las bases del concurso.
El antecedente:
Un soborno de 6 MDP Esta licitación, iniciada durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, está marcada por el escándalo. En agosto pasado, Arturo Serrano Meneses, entonces titular del OIC, fue destituido y desalojado con la fuerza pública junto con nueve de sus colaboradores.
La FGR ejerció acción penal contra Serrano Meneses tras una denuncia de Antonio del Moral, representante de la arrendadora Casanova Rent Volks, quien acusó al exfuncionario de solicitar un soborno de 6 millones de pesos para favorecerlos en la adjudicación del contrato. Actualmente, el proceso penal contra el excontralor enfrenta retrasos debido a la falta de entrega de expedientes completos por parte del Ministerio Público.
Proveedores acusan licitación «dirigida» Además del tema penal, la suspensión responde a la inconformidad de diversas empresas participantes, como Jet Van Car Rental, Lumo Financiera y Flotirent.
Durante las juntas de aclaraciones, los proveedores cuestionaron requisitos considerados «excluyentes», como la obligación de que los vehículos cuenten con un sistema de GPS propiedad del proveedor (acreditado con patentes), en lugar de permitir licencias de terceros, lo que limitaría la participación a unas cuantas firmas.
La flota solicitada incluye 320 sedanes, 20 híbridos, 368 camionetas pick-up 4×4, motocicletas y vehículos tácticos para las 65 unidades administrativas de la Fiscalía en todo el país. Por ahora, la renovación del parque vehicular de la institución encargada de impartir justicia permanece en la incertidumbre.