Fotografía: Permanecerá recluido en el penal del Altiplano; fijan plazo de investigación hasta junio de 2026.
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Un nuevo capítulo judicial se abrió este domingo para el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez. Un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez dictó auto de vinculación a proceso en su contra, al encontrar elementos suficientes que acreditan su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como lavado de dinero.

La jueza federal María Jazmín Ambriz López determinó, durante la audiencia celebrada al mediodía, que existen pruebas contundentes presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) para procesar al exmandatario. Como consecuencia inmediata, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Duarte continuará privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, “El Altiplano”, penal de máxima seguridad al que fue trasladado tras su reciente detención el pasado 8 de diciembre.

La ruta del dinero: del campo a las cuentas familiares

La imputación de la FGR desentraña un complejo esquema de simulación financiera operado entre junio de 2011 y noviembre de 2014. Según las investigaciones, el Gobierno de Chihuahua transfirió un total de 96.6 millones de pesos bajo el concepto de apoyos al sector ganadero.

Sin embargo, el destino real de estos fondos no fueron los productores locales, sino dos entidades financieras vinculadas directamente al político: la Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y la Financiera de la División del Norte SOFOM. En ambas, Duarte figuraba como accionista mayoritario.

El Ministerio Público Federal detalló que, del monto total transferido, aproximadamente el 76 por ciento (cerca de 73.9 millones de pesos) fue sometido a operaciones de blanqueo. Para ocultar el origen ilícito del dinero, se realizaron al menos ocho movimientos en el sistema financiero, dispersando el capital hacia otras personas morales y físicas.

Entre los beneficiarios finales de esta triangulación destacan empresas como Acala y Pavimentos y Servicios de Parral, así como cuentas personales de familiares directos, incluida su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.

Luz verde de EU y plazos legales

Este nuevo proceso penal fue posible gracias a una «excepción» al tratado de extradición concedida por Estados Unidos el pasado 4 de diciembre, lo que permitió a las autoridades mexicanas ejecutar la orden de aprehensión por delitos distintos a los que motivaron su entrega original en 2022 (peculado y asociación delictuosa).

La jueza Ambriz López estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, el cual vencerá el próximo 9 de junio de 2026. Durante este periodo, tanto la defensa del exgobernador como la Fiscalía deberán reunir y presentar los datos de prueba definitivos antes de pasar a la etapa de juicio oral.

Con esta resolución, César Duarte acumula ya tres procesos penales activos, consolidándose como uno de los casos de corrupción más emblemáticos de la última década en la política mexicana.


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