Fotografía: Arranca el diálogo entre autoridades y académicos para revisar las condiciones que regirán a partir del 1 de febrero de 2026.
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Con la mira puesta en fortalecer la estabilidad institucional y garantizar el bienestar de su cuerpo docente, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Asociación Autónoma del Personal Académico (AAPAUNAM) formalizaron este día el inicio de los trabajos de revisión salarial.

La instalación de esta mesa de negociación marca el comienzo del diálogo para definir los incrementos y condiciones que entrarán en vigor durante el periodo comprendido del 1 de febrero de 2026 al 31 de enero de 2027.

La docencia como eje central

El encuentro estuvo encabezado por Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario Administrativo de la UNAM, y Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria General de la AAPAUNAM. Durante su intervención, Rubio Pérez enfatizó el peso específico que tienen los profesores en la vida universitaria.

«El sector académico es parte central de la institución; gracias a la labor docente, la Universidad camina de la mejor manera posible, apoyándonos siempre en los valores universitarios», afirmó el funcionario.

Llamado a la voluntad política

Por su parte, la líder sindical, Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, reconoció la apertura mostrada por las autoridades para establecer esta comisión revisora. No obstante, fue enfática al convocar a la administración central a desplegar «la mayor voluntad» posible durante las negociaciones, con el objetivo de alcanzar beneficios tangibles para el personal académico de la «Universidad de la Nación».

Respaldo institucional

La mesa contó con la presencia de figuras clave para la validación legal y administrativa de los futuros acuerdos. Asistieron Hugo Alejandro Concha Cantú, titular de la Oficina de la Abogacía General; Ismael Eslava Pérez, director general de Personal; y Fernando Castañeda Sabido, titular de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA).

Ambas partes coincidieron en que, si bien la revisión se ajustará a la capacidad financiera de la institución y a la normativa vigente, la prioridad será mantener un canal de comunicación transparente que priorice la excelencia educativa y la equidad laboral.


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