La espera para millones de trabajadores mexicanos podría estar por terminar. Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó que la iniciativa para reformar el artículo 123 constitucional y reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales podría aterrizar en el Pleno antes del próximo 15 de diciembre.
El legislador aseguró que esta reforma es una promesa de campaña y una prioridad en la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. «Es una decisión de la Presidenta, fue un compromiso y estoy seguro de que va a cumplirlo; nosotros vamos a ayudarle», declaró Monreal, subrayando que el proyecto está siendo afinado por el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, tras meses de diálogo con cúpulas empresariales y sindicatos.
Así será el esquema gradual: La ruta al 2030 A diferencia de propuestas anteriores que sugerían un cambio tajante, el nuevo dictamen apuesta por la gradualidad para no desestabilizar la economía. Según análisis de la firma EY México y borradores discutidos en mesas de trabajo, el ajuste se realizaría en cinco etapas, comenzando tentativamente el Día del Trabajo de 2026:
2026: Reducción a 46 horas (inicio el 1 de mayo).
2027: Reducción a 44 horas.
2028: Reducción a 42 horas.
2029: Reducción a 41 horas.
2030: Implementación total de las 40 horas semanales.
Este modelo busca dar margen de maniobra a las empresas para reorganizar turnos, permitiendo esquemas flexibles como jornadas de 5 días por 8 horas, o modelos «comprimidos» de 4 días de trabajo por 10 horas en sectores de manufactura continua.
Pruebas piloto y el reto de las PyMEs La transición no será solo en papel. Alejandro Martínez, líder sindical del SNAC (que agrupa trabajadores de gigantes como Bimbo y Pepsico), adelantó que se impulsarán pruebas piloto a partir de enero de 2026 en polos industriales de Tijuana, Nuevo León y Jalisco.
Sin embargo, el foco rojo permanece en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), que constituyen el 95.4% de las unidades económicas del país. Especialistas advierten que, sin incentivos fiscales o apoyos gubernamentales, una reducción forzosa podría elevar los costos de nómina entre un 22% y un 36%, orillando a muchos negocios a la informalidad.
Por ello, la diputada Patricia Mercado (Movimiento Ciudadano) enfatizó que el Congreso revisará esquemas diferenciados para sectores vulnerables como el campo y el pequeño comercio, buscando que la justicia laboral no se traduzca en desempleo.
Con esta reforma, México busca saldar una deuda histórica de casi 90 años con la clase trabajadora, alineándose a las recomendaciones que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió desde 1935 para mejorar la calidad de vida y reducir el agotamiento laboral.