La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asestó este miércoles un nuevo golpe legal a la estrategia fiscal de Grupo Salinas. Apenas una semana después de resolver litigios por más de 48 mil millones de pesos, el Máximo Tribunal falló en contra de Nueva Elektra del Milenio, filial del conglomerado, en su disputa por un crédito fiscal de más de 67 millones de pesos.
En una sesión decisiva, el Pleno aprobó con seis votos a favor el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama (amparo directo en revisión 3842/2024), revocando así la protección que un Tribunal Colegiado había otorgado previamente a la empresa de Ricardo Salinas Pliego. El asunto deberá regresar al tribunal de origen para la emisión de una nueva sentencia que, bajo los lineamientos de la Corte, obligaría a la compañía a liquidar el adeudo.
El fondo del asunto: SAT sí puede auditar filiales La disputa se originó por el ejercicio fiscal 2012, en el cual Nueva Elektra declaró pérdidas mayores a las reales. La defensa de la compañía argumentaba que, bajo el régimen de consolidación fiscal vigente en ese entonces, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) solo podía fiscalizar a la empresa controladora (Grupo Elektra) y no a sus subsidiarias individualmente.
Sin embargo, la mayoría de los ministros desestimó esta interpretación. La ministra ponente, Lenia Batres, argumentó contundentemente que las facultades de comprobación de la autoridad fiscal no tienen excepciones.
“No existe una excepción que las excluya [a las sociedades controladas] del ejercicio de las facultades de verificación fiscal… Aceptar esta limitante implicaría desconocer las facultades de comprobación que tienen origen en el artículo 16 de la Constitución”, expuso Batres.
SIGUEN TUMBANDO A SALINAS PLIEGO
Se aprueba otro proyecto a favor de que Salinas Pliego pague sus impuestos, ahora por 67mdp tendrá que pagar el usurero sumándole más a lo que debe pagar, de hecho ya su deuda supera los 80 MMDP pero poco a poco sin amparos, la SCJN sigue… pic.twitter.com/gtDqS2Tvex
— Los Expulsados (@losexpulsados) November 19, 2025
A esta postura se sumó el ministro Giovanni Figueroa y la ministra Estela Ríos, quienes recordaron que la obligación constitucional de contribuir al gasto público (Artículo 31) aplica a todas las personas morales, independientemente de su estructura corporativa.
Sanción por «trampas» legales Más allá del revés económico de los 67 millones, la Corte envió un mensaje disciplinario. Se impuso una multa de 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 33 mil 942 pesos, a la empresa por intentar retrasar el juicio.
Nueva Elektra había interpuesto recursos para impedir que las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel participaran en la votación, alegando falta de imparcialidad. El Pleno declaró estos recursos infundados y calificó la maniobra como una práctica dilatoria para evadir la acción de la justicia.
Los votos disidentes y casos pendientes El fallo no fue unánime. Las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y el ministro Irving Espinosa votaron en contra del proyecto. Su argumento no fue exonerar a la empresa, sino una cuestión técnica: consideraron que el caso era de legalidad y no de constitucionalidad, por lo que la Corte no debía haberlo admitido a revisión, sino desecharlo.
Por otro lado, la Corte dejó en suspenso otros litigios relacionados con Totalplay. Dos proyectos con criterios contradictorios entre las ministras Batres y Esquivel —sobre si estos casos tienen o no un «interés excepcional»— fueron retirados de la discusión para un análisis posterior, prolongando la saga judicial entre el magnate y la Hacienda pública.