La vigilancia sobre los derechos laborales en el sector automotriz mexicano se endurece nuevamente. El gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente a México una investigación bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC en contra de la planta de Grupo Yazaki ubicada en León, Guanajuato.
Esta acción, que marca la ocasión número 41 en que se activa esta herramienta de disputa comercial, trae consigo una sanción inmediata: la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ordenó la suspensión de la liquidación de las importaciones de productos provenientes de dicha fábrica, especializada en arneses y componentes eléctricos.
La acusación: «Trampas» sindicales La solicitud, encabezada por Jamieson Greer de la USTR, surge tras una petición presentada el pasado 20 de octubre por el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA).
Según documentó la periodista María del Pilar Martínez para El Economista, la organización gremial denunció que tanto la empresa de capital japonés como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) —el sindicato titular— interfirieron activamente en la vida sindical de la planta. Las acusaciones incluyen represalias directas contra los obreros que intentaron organizarse de manera independiente, vulnerando así los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva protegidos por el tratado trilateral.
#Enterate EU activa la queja laboral 41 del T-MEC contra Grupo Yazaki por presuntas violaciones a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva pic.twitter.com/rd9bMtO5RJ
— Fórmula Financiera (@alebrijes1) November 19, 2025
Pruebas suficientes Tras una revisión exhaustiva por parte del Comité Laboral Interinstitucional para el Monitoreo y la Aplicación, Washington concluyó que el caso tiene sustento.
“La Comisión de Derecho Internacional determinó que existen pruebas suficientes y creíbles de una violación de derechos que permiten la aplicación de buena fe de los mecanismos de ejecución”, señaló la oficina del USTR en un comunicado.
El reloj corre para México A partir de la notificación, el gobierno mexicano cuenta con un plazo de 10 días para aceptar la solicitud de revisión. De acceder, tendrá 45 días para realizar una investigación interna, presentar sus conclusiones y, en su caso, acordar un plan de remediación para restituir los derechos de los trabajadores afectados.
Este nuevo episodio refuerza el escrutinio de Estados Unidos sobre la industria automotriz en México, un sector que ha concentrado la mayoría de las quejas del MLRR desde la entrada en vigor del T-MEC, buscando desmantelar las prácticas de los «sindicatos blancos» o de protección patronal.
Con información de El Economista.
Redactado por: Alfredo Vázquez