Fotografía: La iniciativa obligaría a los bancos a tener un "botón de cancelación" 24/7 en sus apps y reembolsar cobros indebidos en cinco días.
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El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados ha presentado una iniciativa de reforma para poner fin a los «trámites excesivos» y prácticas abusivas de los bancos al momento de cancelar tarjetas de crédito o débito.

La propuesta, impulsada por el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila, busca reformar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros para garantizar la cancelación de un producto en un plazo máximo de tres días hábiles, sin costos, comisiones ni penalizaciones para el usuario.

El legislador señaló que los usuarios enfrentan un doble problema: la burocracia para terminar un contrato y la emisión de plásticos sin su consentimiento.

«Aun cuando la contratación puede realizarse en línea o a distancia, la baja de un producto bancario suele exigir la presencia física del usuario», criticó Monreal. Citó datos de la Condusef, que en 2024 recibió 7,594 reclamaciones por solicitudes de cancelación no atendidas, siendo la séptima queja más frecuente.

La iniciativa no solo facilitaría la salida, sino que también atacaría la «adherencia involuntaria». La propuesta declararía como nula de pleno derecho la emisión de tarjetas sin el consentimiento expreso y verificable del usuario o aquellas entregadas mediante publicidad engañosa.

En estos casos, el banco no podría generar cargos por anualidad ni afectar el historial crediticio del cliente, y estaría obligado a reembolsar cualquier cobro indebido en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Para hacer efectiva la cancelación, la reforma obligaría a todas las entidades financieras y comerciales a incluir en sus aplicaciones móviles, banca en línea y portales web un «botón visible y de acceso directo», disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para iniciar el trámite, además de los canales telefónicos y presenciales.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria y turnada a comisiones para su análisis. De aprobarse, los bancos tendrían 180 días para adecuar sus sistemas.


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